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Familias alertan sobre extorsiones, torturas y control criminal dentro del Penal de San Miguel; exigen traslado de “Los Primitivos” y “El Nenuco”

  • noviembre 14, 2025
  • 4 min read
Familias alertan sobre extorsiones, torturas y control criminal dentro del Penal de San Miguel; exigen traslado de “Los Primitivos” y “El Nenuco”

Denuncian cobros de hasta 8 mil pesos semanales, amenazas de muerte y presunta protección interna; piden intervención urgente de autoridades estatales

Puebla, Pue.— La crisis al interior del Centro Penitenciario de San Miguel volvió a estallar. Durante nueve horas, familiares de personas privadas de la libertad bloquearon el Camino al Batán para exigir el traslado inmediato de tres internos señalados —sin presentar pruebas— de extorsionar, golpear y torturar a otros reclusos: Rubén N. y Miguel N., conocidos como “Los Primitivos”, así como Marcos N., alias “El Pavón” o “El Nenuco”.

De acuerdo con los manifestantes, estos grupos mantienen control de drogas, renta de celulares, cobros por ingreso, visita íntima y acceso a talleres, operando bajo un esquema que familiares describen como “un negocio penitenciario” que funciona entre amenazas, pagos obligatorios y presunta complicidad de custodios.

“Pagamos 8 mil pesos a la semana para que no los maten”

Las familias denunciaron que cada interno es obligado a pagar hasta 8 mil pesos semanales para evitar golpizas. Cuando no pueden cubrir la cuota, deben endeudarse o trabajar horas extra afuera del penal. En caso de incumplir, señalan, las represalias incluyen golpes, torturas y aislamiento.

“Tememos que un día nos llamen para decirnos que ya murió”, expresaron varios familiares, quienes aseguran que no dan nombres por miedo a represalias.

El control interno: droga, celulares y supuestos favores desde arriba

Según los inconformes, “Los Primitivos” estarían a cargo de la venta de droga dentro de San Miguel, mientras que “El Nenuco” controla la renta de celulares, el acceso a materiales de talleres y presuntos pagos obligatorios en el área de ingreso.
Incluso aseguran que Marcos N. presume tener protección desde niveles altos, lo que mantiene en vilo a decenas de reclusos que viven bajo amenazas constantes.

Un penal en disputa y con denuncias previas

Este episodio se suma a reportes previos sobre la existencia de “concesionarios” que controlan actividades ilegales dentro del penal, además de disputas por el poder interno entre grupos criminales. Organizaciones civiles y familiares han denunciado reiteradamente que San Miguel opera bajo un esquema de negocio interno, donde se cobra por casi todo:

  • Lista
  • Limpieza
  • Uso de teléfono
  • Traslados
  • Ingreso de comida
  • Visita íntima
  • Materiales de talleres

SSP asegura que hubo diálogo; familiares dicen que temen represalias

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal de la institución acudió a dialogar, pero que las personas manifestantes evitaron acreditar formalmente a qué internos representan.

Las familias respondieron que sí quieren dialogar, pero solo bajo condiciones seguras, pues temen que cualquier dato que revelen pueda ser usado para castigar a sus seres queridos.

En su comunicado, la SSP afirmó que la operación del penal sigue conforme a la ley y que se respetan los derechos humanos, mientras que el bloqueo no impidió la visita regular del día.

Un llamado urgente a las autoridades

El bloqueo finalizó tras nueve horas, pero las familias advirtieron que regresarán si no hay acciones inmediatas. Piden:

  • Traslado seguro de “Los Primitivos” y “El Nenuco” a otros penales.
  • Investigación interna sobre custodios presuntamente coludidos.
  • Protección real para personas privadas de la libertad que denuncien extorsión.
  • Supervisión federal ante lo que califican como un “estado de indefensión”.

Mientras tanto, la tensión dentro de San Miguel continúa. Las denuncias de cobros, torturas y control criminal mantienen a decenas de familias en alerta máxima, temerosas de que el castigo para quienes no pueden pagar sea la muerte.

Este caso vuelve a poner bajo la lupa la operación del penal más grande del estado y exige una respuesta inmediata y coordinada del Gobierno del Estado, la SSP y organismos de derechos humanos.

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