Una pizca de justicia
Por Ángela Mercado
En el ISSSTEP parece que los códigos de ética funcionan muy bien mientras no incomoden a nadie importante.
El problema comienza cuando una denuncia alcanza a un funcionario de primer nivel y obliga a la institución a decidir entre aplicar sus propias reglas o comenzar a buscar atajos, silencios convenientes y explicaciones burocráticas.
Ese es el punto en el que hoy se encuentra el Instituto.
Un trabajador presentó una denuncia formal contra Antonio Hernández y Genis, director de Desarrollo Estratégico del ISSSTEP, por presuntos actos de maltrato y violencia laboral, además de conductas que, de acuerdo con el escrito presentado, podrían contravenir el Código de Ética y Conducta institucional y los principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia existe, está documentada y ya fue presentada ante el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, el Órgano Interno de Control y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Hasta ahí no debería existir mayor discusión: hay un señalamiento formal y corresponde investigarlo.
Lo verdaderamente incómodo es que Hernández y Genis también forma parte del Comité de Ética del ISSSTEP. Es decir, integra uno de los órganos encargados de preservar los principios cuya posible vulneración ahora debe analizarse.
No hace falta ser especialista en derecho administrativo para entender el tamaño del conflicto.
Por mínima decencia institucional, el funcionario tendría que separarse de cualquier participación en ese comité mientras se resuelve la denuncia. No como una confesión de culpabilidad, sino como una medida elemental para garantizar imparcialidad y evitar que el procedimiento nazca desacreditado.
Porque una cosa es defender el derecho de audiencia y otra muy distinta permitir que el señalado permanezca sentado en la mesa donde se vigila la ética de los demás.
El asunto también representa una responsabilidad directa para el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera. Su obligación no es proteger trayectorias, amistades ni equilibrios internos. Su obligación es garantizar que la investigación avance sin interferencias y que los órganos encargados del caso actúen con independencia.
Godina Herrera tiene frente a sí una decisión bastante sencilla: permitir que las normas del Instituto se apliquen o mandar el mensaje de que algunas jerarquías tienen trato preferencial.
No sería la primera vez que este espacio aborda denuncias relacionadas con acoso, hostigamiento, violencia laboral y posibles violaciones a los derechos de los trabajadores dentro del ISSSTEP. Por eso, este nuevo caso no puede ser tratado como un incidente aislado ni como una molestia administrativa.
Cuando las denuncias comienzan a repetirse, el problema deja de ser únicamente individual y se convierte en una señal sobre la cultura interna de una institución.
El gobernador Alejandro Armenta ha colocado la justicia, la honestidad y el respeto a la ley como principios de su administración. Sería lamentable que mientras desde Casa Aguayo se exige rectitud, dentro de un organismo público se permita que la cercanía, el rango o la influencia pesen más que las reglas.
Nadie está exigiendo una sentencia anticipada.
Se exige una investigación seria, condiciones de imparcialidad y una resolución que no deje dudas. También se exige que Antonio Hernández y Genis se aparte del Comité de Ética mientras el caso permanece abierto.
Es lo mínimo.
Porque cuando un funcionario denunciado conserva un lugar en el órgano que custodia la ética institucional, la sospecha no nace de la prensa ni de los trabajadores.
La fabrica la propia autoridad.
Y al ISSSTEP, por lo visto, no le sobra credibilidad.
Lo que necesita, antes que otro discurso, es apenas eso:
una pizca de justicia.
