Cae Ángel Aguirre por Ayotzinapa: FGR lo acusa de ordenar la desaparición de evidencia clave
- El exgobernador de Guerrero fue detenido por obstrucción de la justicia y desaparición forzada; la acusación sostiene que desde la cúpula estatal se ocultaron videos que podían ayudar a reconstruir el destino de los 43 normalistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, Aguirre enfrenta acusaciones por obstrucción de la justicia y desaparición forzada. La investigación sostiene que desde el gobierno estatal se habría ocultado material videográfico captado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes aquella noche.
El giro en la investigación surgió a partir del reanálisis de expedientes y nuevos testimonios. Según la FGR, un testigo colaborador señaló desde 2023 que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al entonces gobernador, mientras que otro testimonio obtenido este año reforzó la hipótesis de que Aguirre habría ordenado “desaparecer cualquier evidencia” durante una reunión con altos funcionarios de su administración.
La detención representa uno de los golpes políticos más relevantes en un expediente que lleva casi 12 años sin esclarecer por completo el destino de los normalistas. Hasta ahora, sólo los restos de tres estudiantes han sido identificados plenamente, mientras los demás continúan desaparecidos.
Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques de Iguala. Llegó al poder en 2011 bajo las siglas del PRD y renunció el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de la desaparición de los estudiantes, ante la presión social y política provocada por el caso. Durante años negó haber ordenado la destrucción de pruebas y sostuvo que las investigaciones no habían encontrado elementos que lo involucraran.
El caso Ayotzinapa ha estado marcado por omisiones, manipulación de pruebas y contradicciones institucionales. Informes previos de la comisión presidencial ya habían documentado que autoridades estatales y federales conocían antes de los hechos la colusión entre policías municipales y grupos criminales en Iguala y municipios cercanos.
La captura abre ahora una nueva etapa judicial: la FGR deberá acreditar ante un juez si el entonces gobernador participó efectivamente en una operación para ocultar evidencia que pudo resultar decisiva para conocer qué ocurrió con los estudiantes. Para las familias, el arresto es relevante, pero no resuelve todavía la pregunta que ha marcado al país desde 2014: ¿dónde están los 43?
