Puebla analiza asumir control de 11 penales municipales tras detectar irregularidades en 87.5% de los reclusorios
La CNDH encontró deficiencias en 14 de los 16 centros penitenciarios evaluados en el estado, principalmente por hacinamiento, servicios de salud insuficientes y falta de personal de custodia.
Itzeli Zamora
Puebla, Pue.– Ante las deficiencias detectadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 14 de los 16 centros penitenciarios evaluados en Puebla, el Gobierno estatal analiza asumir la administración de 11 reclusorios que actualmente no están bajo su control, con el propósito de mejorar sus condiciones operativas y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que se realiza una revisión jurídica, administrativa y financiera para determinar la viabilidad de modificar el esquema de operación de estos centros. Actualmente, el Gobierno estatal administra cinco establecimientos penitenciarios: San Miguel, Tepexi de Rodríguez, el femenil de Ciudad Serdán, el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) y el destinado a adultos mayores.
De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH citado por las autoridades, el 87.5 por ciento de los centros evaluados presentó observaciones, relacionadas principalmente con hacinamiento, deficiencias en los servicios médicos, condiciones inadecuadas de habitabilidad, insuficiencia de custodios y problemas en los mecanismos para prevenir hechos violentos al interior de las instalaciones.
Sánchez González explicó que la eventual transferencia de los penales municipales al Gobierno estatal no puede realizarse de manera automática, pues requiere revisar las atribuciones legales, la disponibilidad presupuestal y los acuerdos que tendrían que establecerse con los ayuntamientos. El análisis también deberá considerar el personal necesario, los costos de mantenimiento y las inversiones para corregir las deficiencias existentes.
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El funcionario señaló que la propuesta ya fue abordada con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya. Asimismo, se contempla instalar mesas de trabajo para identificar los centros que requieren atención prioritaria y determinar los recursos necesarios para su operación.
Por ahora, el Gobierno de Puebla no ha tomado una decisión definitiva sobre la administración de los 11 reclusorios. El principal desafío será establecer si el cambio de autoridad permitirá corregir las irregularidades señaladas por la CNDH, pues una transferencia administrativa no garantiza por sí sola mejores condiciones de seguridad, atención médica y respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria.
