Ciberdelincuencia en México: la carrera que siempre perdemos
Por Osvaldo Hernández Olivera
Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro .
En México, la ciberdelincuencia ya no es el futuro; es un presente incómodo y lucrativo . Dejó de ser una anécdota de expertos en tecnología para convertirse en una amenaza tangible que pulsa en el bolsillo de cualquier mexicano con una cuenta bancaria o un dispositivo inteligente. El fraude, el ransomware y el acoso digital se han incrustado en nuestro día a día.
Las cifras son alarmantes: más de 18.4 millones de personas usuarias de internet de 12 años y más, vivió alguna situación de ciberacoso en 2023 (MOCIBA, INEGI) con una » cifra negra » donde solo 1 de cada 10 casos se denuncia. Esto es simple: la sociedad ha interiorizado una certeza amarga: la justicia no llegará. Entonces, ¿El marco legal mexicano está realmente a la altura de un crimen que se ejecuta a la velocidad de la fibra óptica y no conoce fronteras?
Remedios paliativos vs. la pandemia tecnológica.
Sería injusto no reconocer los avances: reformas al Código Penal Federal ya persiguen el acceso ilícito a sistemas; la Ley Olimpia, que se considera una victoria fundamental al dar nombre y castigo a la violencia digital de género; Incluso nuestra adhesión al Convenio de Budapest abrió una rendija a la cooperación global. Sin embargo, a las cosas hay que llamarlas por su nombre: son paños fríos sobre una herida de bala. Estas normativas, aunque valiosas, solo reaccionan ante el crimen ya consumado. Tipifican el robo de datos de ayer, mientras que los criminales ya están orquestando los ataques del mañana con deepfakes, ransomware ultra sofisticado y algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) diseñados para la suplantación . Estamos condenados a llegar tarde, juzgando y castigando solo las cenizas de un delito mientras el fuego avanza.
La triple fractura institucional.
La grieta entre la ambición legal y la realidad operativa es un abismo. Es aquí donde la ineficacia cobra vida:
1. El vacío Institucional: ¿De qué sirve una ley robusta si, en el ámbito estatal, muchas fiscalías carecen de unidades especializadas en ciberdelitos? De nada . La falta de peritos forenses digitales, las herramientas de rastreo obsoletas y la burocracia paralizante le dan una ventaja inmerecida al criminal.
2. La desconfianza crónica: La ciudadanía no denuncia porque el sistema le ha enseñado que es inútil. Esta «cifra negra» no solo alimenta la impunidad, sino que oculta la dimensión real del problema, dificultando la asignación de recursos.
3. La parálisis global: Un click en otro continente puede vaciar nuestras cuentas en segundos. Para cuando las autoridades mexicanas logran iniciar un proceso de cooperación internacional, la estafa ya se esfumó. El crimen es instantáneo; la justicia, lenta.
El lento paso mexicano ante el mundo .
Mientras países como España, Colombia o Chile han ajustado sus legislaciones para perseguir nuevas modalidades (como la manipulación algorítmica o la suplantación avanzada), México sigue confiando en la inercia de reformas cosméticas que nunca alcanzan la velocidad de la amenaza. El resultado es irrefutable: somos un paso vulnerable en una carrera donde el adversario no espera .
No debemos preguntarnos qué leyes tenemos, sino qué queremos ser: ¿ un país cuyo marco legal llega siempre tarde o uno capaz de anticiparse a la próxima ola criminal ? La seguridad digital es un pilar de la soberanía y de la confianza ciudadana. Dejarla en manos de la inercia es un lujo que nadie puede pagar.
Se necesita urgentemente leyes más ágiles, instituciones con presupuesto y experiencia, así como una estrategia que reemplace la reacción por la anticipación. De lo contrario, el ciberdelincuente seguirá actuando con la certeza de que el brazo de la justicia es terriblemente corto y lento.
