FGR va por más en trama de huachicol fiscal: prepara nuevas órdenes de aprehensión
Las investigaciones apuntan ahora hacia accionistas, socios, apoderados legales y enlaces empresariales que habrían participado en la distribución del combustible introducido ilegalmente al país.
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación federal por la red de “huachicol fiscal” que operaba mediante buques tanque se ampliará hacia empresarios y operadores en distintas entidades del país, luego de que la Fiscalía General de la República reuniera elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias han identificado presuntamente a accionistas, apoderados legales, socios de empresas y personas utilizadas como enlaces para distribuir hidrocarburos ingresados ilícitamente a México.
El anuncio ocurre mientras Fernando Farías Laguna, contralmirante señalado por su presunta participación en la organización, es trasladado de Argentina a México, después de que las autoridades de ese país determinaran su expulsión.
Farías Laguna será internado en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde enfrentará el proceso penal correspondiente. Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales.
Buques con millones de litros encendieron las alertas
De acuerdo con la FGR, el aseguramiento de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025 permitió confirmar la existencia de una estructura dedicada presuntamente al contrabando de combustibles.
Días después, autoridades federales detectaron otra operación similar en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque con cerca de ocho millones de litros de combustible.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reconstruyó un esquema en el que los hidrocarburos eran declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos, presuntamente con participación de servidores públicos y agentes aduanales.
Según la investigación, habría existido simulación de revisiones, alteración de muestras y manipulación de volúmenes, antes de que el combustible fuera transportado mediante empresas legalmente constituidas.
Posteriormente, los derivados del petróleo eran distribuidos hacia estaciones de servicio o utilizados dentro de operaciones destinadas presuntamente a lavar las ganancias obtenidas.
Red alcanzaba varios estados
La FGR ubicó operaciones relacionadas con este esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, además de enlaces para la distribución en diferentes puntos del territorio nacional.
Hasta ahora han sido detenidas 15 personas relacionadas con la investigación, 12 de ellas exservidores públicos, de acuerdo con la información presentada por la fiscal general.
Godoy sostuvo que el avance de las investigaciones permitió obtener nuevos elementos contra personas vinculadas con las empresas presuntamente utilizadas dentro de la estructura.
La Fiscalía calcula en más de 340 millones de pesos la afectación económica provocada a la organización mediante los aseguramientos realizados.
Además de millones de litros de combustible, las autoridades han decomisado 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
El caso comenzó formalmente desde 2024, después de que el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informara a la FGR sobre indicios de posibles operaciones ilícitas relacionadas con esta estructura.
La investigación entra ahora en una nueva fase: después de servidores públicos y operadores logísticos, la mirada de la FGR apunta hacia quienes aparecen detrás de las empresas que presuntamente hicieron posible mover, comercializar y financiar el combustible de contrabando.
