Proponen retirar la patria potestad a quienes obliguen a menores a trabajar o pedir limosna

👶 La iniciativa busca sancionar a madres, padres o tutores que exploten a niñas, niños y adolescentes mediante trabajo infantil o mendicidad forzada para obtener beneficios económicos.

Puebla, Pue.- El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para retirar la patria potestad a madres, padres o tutores que obliguen o permitan que niñas, niños y adolescentes realicen trabajo infantil, mendicidad forzada o cualquier actividad que vulnere sus derechos con el fin de obtener un beneficio económico.

La propuesta plantea adicionar la fracción IV Bis al artículo 628 del Código Civil del Estado de Puebla, estableciendo que quienes ejerzan la patria potestad podrán perder ese derecho cuando expongan a menores de edad a actividades que pongan en riesgo su salud, afecten su educación o vulneren su libre desarrollo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.

Durante la misma sesión ordinaria también fueron presentadas otras iniciativas legislativas. La diputada Floricel González Méndez, a nombre de la Comisión de Educación, propuso fortalecer la protección y acompañamiento institucional para maestras y maestros en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta planteó ampliar los programas de apoyo en materia de salud mental y adicciones para incluir a las redes de apoyo de las personas en proceso de recuperación, además de impulsar campañas permanentes de sensibilización en el transporte público para fomentar el respeto y la atención a las personas adultas mayores.

Asimismo, el diputado José Miguel Trujillo de Ita propuso incorporar la participación comunitaria como una modalidad para ejecutar obra pública, privilegiando la contratación de habitantes de las comunidades beneficiadas.

En tanto, las diputadas y diputados Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para incorporar a la legislación estatal la definición de «megaproyecto», con el propósito de exigir evaluaciones de impacto social y territorial antes de su desarrollo.