Vinculan a proceso a «defensores del agua» por bloqueo en la México–Puebla
Puebla, 8 de septiembre de 2025.– Un juez federal vinculó a proceso a Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero, señalados como responsables del bloqueo a la autopista México–Puebla ocurrido el pasado 28 de mayo, que paralizó durante varias horas uno de los corredores carreteros más transitados del país.
Ambos activistas de Xoxtla continuarán su defensa en libertad, dado que la resolución se emitió sin medidas cautelares, por lo que el abogado de los acusados, Tonatiuh Sarabia Amador, anunció que promoverá un amparo, pues afirma que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas para sostener la imputación.
Fundamento jurídico del proceso
Los delitos imputados se enmarcan en el Código Penal Federal, que sanciona la obstrucción de vías generales de comunicación (artículos 533 y 534), considerados bienes de la nación bajo resguardo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con la legislación vigente, el bloqueo de carreteras federales puede derivar en penas de hasta 7 años de prisión y multas económicas, al tratarse de un delito que no solo afecta la movilidad, sino que compromete la seguridad nacional y la economía regional.
El proceso podría extenderse hasta un año, resolverse en juicio oral o mediante una salida alterna como acuerdos reparatorios.
Pérdidas económicas por el cierre de la autopista
La autopista México–Puebla es considerada la columna vertebral del comercio del centro del país, con un tránsito diario superior a los 120 mil vehículos, de los cuales más del 40% corresponde a transporte de carga.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada hora de cierre en esta vía genera pérdidas superiores a 50 millones de pesos, considerando retrasos en cadenas de suministro, combustibles, perecederos y afectaciones a la industria automotriz instalada en Puebla y Tlaxcala.
El bloqueo del 28 de mayo habría representado pérdidas económicas acumuladas por más de 200 millones de pesos.
Entre la protesta social y la legalidad
Aunque organizaciones civiles han expresado apoyo a los activistas bajo el argumento de la defensa del derecho humano al agua, el Poder Judicial ha reiterado que el derecho a la protesta no puede ejercerse a costa de derechos fundamentales como la libre circulación y la seguridad de terceros.
La SICT, como responsable de las vías de comunicación federales, enfatizó que este tipo de bloqueos “atentan contra la infraestructura estratégica del país” y refrendó su política de cero tolerancia a actos que afecten la movilidad nacional.
