‘El Toñín’, bajo investigación federal por intento de linchamiento contra marinos en Palmarito
Por Itzeli Zamora
El presunto líder huachicolero Antonio Valente Martínez Fuentes, alias ‘El Toñín’, es investigado por su presunta participación en un intento de linchamiento contra elementos de la Marina, ocurrido en diciembre de 2024 en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac.
Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien informó que existe una petición formal para que la Federación intervenga en la investigación y eventual detención del señalado.
De acuerdo con la información oficial, cuatro elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de inteligencia cuando fueron retenidos por pobladores presuntamente bajo el mando de ‘El Toñín’. Durante los hechos, la unidad oficial fue incendiada, un marino fue golpeado y una mujer integrante de la corporación permaneció privada de la libertad durante varias horas.
“Hay un seguimiento puntual y una solicitud formal para una acción coordinada que permita la detención de esta persona”, afirmó Sánchez González, al subrayar que el caso rebasó el ámbito estatal por la gravedad de la agresión contra fuerzas federales.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República revisar el alcance penal de las acciones atribuidas a Martínez Fuentes, quien también ha sido vinculado con el bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a inicios de mes.
Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre, ‘El Toñín’ —padre de la actual presidenta municipal de Quecholac— acusó al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar, de presunta violencia política de género, tras una llamada en la que se solicitó liberar un bloqueo carretero.
La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que existen múltiples carpetas de investigación abiertas contra este personaje. Aunque hasta ahora no se ha girado orden de aprehensión, el caso escaló al ámbito federal y se mantiene como una de las principales líneas de atención en el llamado Triángulo Rojo, donde las autoridades aseguran que no habrá impunidad.
