Caso Skarlet: jueces, ministerios y la justicia que expulsa
Por Rita Sánchez.
Hay decisiones que no sólo cierran expedientes: abren maletas. Skarlet hizo lo único que el sistema le dejó hacer para sobrevivir: irse de Puebla. No huyó del delito; huyó de una justicia que decidió soltar a su agresor.
El asalto ocurrió en el bulevar Valsequillo. Las imágenes no admiten interpretación: una mujer arrastrada por un vehículo, colgada de la vida mientras el agresor escapa. El responsable, Mario N., fue detenido gracias al testimonio de la víctima y a un video que obligó a cambiar el encuadre del caso. De “robo simple” pasó a robo agravado y tentativa de homicidio. Hasta ahí, parecía que el sistema había entendido la gravedad.
Pero el sistema —ese conjunto de ministerios públicos y jueces— tiene una manía peligrosa: desactivar la gravedad con argumentos técnicos que sólo sirven para liberar.
Primero, la ruta conocida: audiencias diferidas, tiempos estirados, desgaste para la víctima. La jueza Jessica S. N. vinculó a proceso e impuso prisión preventiva por seis meses. Una señal mínima de contención. Luego, el giro: cambio de juzgadora y una nueva lectura “objetiva”. La jueza Alejandra Román determinó que la tentativa “no fue grave”. Con esa frase, Mario N. salió libre.
La consecuencia es brutal y concreta: Skarlet se quedó sin protección. Ninguna medida cautelar que la resguarde. Ningún perímetro. Ninguna garantía. La víctima tuvo que abandonar su ciudad porque el agresor volvió a la calle. Ésa es la aritmética real de ciertas decisiones judiciales.
Aquí es donde duele mirar de frente a los ministerios públicos que procesan denuncias durante horas —doce, en este caso— y convierten la ruta legal en una prueba de resistencia para la víctima. Y a los jueces que, con el expediente en la mano, optan por minimizar el riesgo, relativizar la violencia y premiar la capacidad económica del imputado con facilidades para seguir su juicio en libertad.
No hace falta decirlo en voz baja: hay corrupción y tráfico de influencias. Hay puertas giratorias. Hay expedientes “acomodables”. Hay una normalización del mensaje más peligroso posible: denunciar te expone; pagar te libera.
Como mujer, protesto. Porque da miedo constatar que hoy es más fácil que un delincuente salga de la cárcel que que una víctima permanezca segura en su propia ciudad. Porque el sistema parece decirnos que grabar, resistir y declarar no alcanza si del otro lado hay recursos y contactos. Y porque los “chalecos” a modo siguen validando decisiones que dejan a las víctimas a la intemperie.
La justicia no es una tesis ni un tecnicismo: es protección efectiva. Cuando eso falla, el Estado no sólo pierde un caso; pierde a la gente. Skarlet ya se fue. El expediente seguirá su curso. La pregunta incómoda es otra: ¿cuántas más tendrán que irse para que ministerios y jueces entiendan que liberar también mata?
