PROFEPA pone bajo la lupa a 50 empresas por descargas irregulares en el Atoyac
El gobierno estatal y federal revisan el saneamiento del Atoyac: 30 de 109 km en intervención, 109 descargas identificadas y obras en nueve municipios.
Irina Díaz | Alonso Nava
El saneamiento del Río Atoyac entró a una fase de fiscalización directa a descargas industriales, luego de que la PROFEPA realizara 50 inspecciones a empresas asentadas en la cuenca, principalmente en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, por posibles descargas irregulares al afluente.
Las revisiones forman parte del operativo federal y estatal para identificar focos activos de contaminación y obligar a las industrias a corregir prácticas, invertir en plantas de tratamiento y ajustar sus procesos, antes de que los residuos lleguen a los tramos más degradados del río y al lago de Valsequillo.
Durante un recorrido de supervisión, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció que el saneamiento del Atoyac no puede limitarse a obras hidráulicas si no se atiende el origen de las descargas. En ese contexto, subrayó que el control a empresas y municipios es clave para que los avances observados en algunos tramos no se reviertan.
De acuerdo con el diagnóstico técnico, el Atoyac registra 109 puntos de descarga a lo largo de sus 109 kilómetros, de los cuales 13 son municipales y el resto corresponde a actividades industriales y asentamientos humanos. Actualmente, solo 30 kilómetros del primer tramo están bajo intervención directa, lo que vuelve crítico el control de fuentes contaminantes activas.
Las acciones de PROFEPA se complementan con la instalación de plantas de tratamiento, colectores y biodigestores, así como con procesos de reingeniería hidráulica. Sin embargo, autoridades técnicas reconocen que sin un seguimiento permanente a las empresas inspeccionadas, los efectos del saneamiento pueden ser temporales.
En campo, se reportan cambios visibles en la calidad del agua en zonas donde las descargas han sido contenidas, particularmente por procesos de filtración natural y tratamiento previo. No obstante, los resultados de las inspecciones —como sanciones, clausuras o plazos de corrección— aún no han sido informados públicamente.
Habitantes de comunidades ribereñas señalan que la recuperación del Atoyac dependerá menos de anuncios y más de que las empresas cumplan y las autoridades mantengan la vigilancia ambiental. Para ellos, las inspecciones marcan un punto de inflexión: por primera vez en años, el foco está puesto en quién contamina y cómo se le obliga a dejar de hacerlo.
El saneamiento del Atoyac continúa, pero ahora con un componente central: la presión regulatoria sobre las descargas industriales, un factor que históricamente había quedado al margen de los intentos por rescatar el río.
