¿Puede la inteligencia artificial demandarnos? La máquina que nos quiere juzgar

Por Osvaldo Hernández Olivera

Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro.

Hay una fantasía que circula estos días con la soltura de un rumor de cantina: la alimentan los grandes del sector tecnológico, esos que hablan desde tarimas con pantallas gigantes a sus espaldas y que, entre aplausos, nos pintan el futuro como si ya lo tuvieran en el bolsillo. La idea, resumida, es la siguiente: que un día no muy lejano, un algoritmo podría pararse frente a un tribunal, con su representante legal incluido, a exigir derechos de autor o a reclamar algo parecido a un agravio moral. Bonita película, pero película al fin.

Porque la realidad jurídica — la de a de veras, la que vive en los códigos, en los juzgados, en los expedientes con su inconfundible olor a papel viejo — es bastante más sobria y menos glamorosa. Nuestro sistema legal no fue construido para entidades abstractas, fue hecho para personas. Seres con acta de nacimiento, con RFC, con la capacidad de comparecer y firmar. Una Inteligencia Artificial, por más que te deje boquiabierto cuando genera en tres segundos lo que a un asistente le tomaría una tarde entera, no tiene nada de eso, cero, no tiene personalidad jurídica. No puede contratar, no puede ser demandada y desde luego no puede demandar. Mezclar estos conceptos no es ser vanguardista: es simplemente confundir los términos.

Aquí quiero ser claro, porque este tipo de columnas suelen leerse como si el autor quisiera infundir miedo a la tecnología y no es el caso. No escribo esto desde el miedo ni desde la nostalgia de los sellos de cera: lo escribo porque alguien tiene que poner los pies en la tierra y hoy me toca a mí. La herramienta no tiene voluntad: no te guarda rencor, no acumula agravios. Humanizarla es un error conceptual que, si no se corrige, va a tener consecuencias prácticas bastante concretas. ¿Cuáles? Bueno, pensemos en el usuario que cree que, como «fue la IA quien lo hizo», él no responde por nada. O en la empresa que se escuda en el algoritmo para evadir responsabilidad. Ahí está el problema real: no en la máquina, sino en quién la opera y para qué.

Porque si alguien usa esa tecnología para difamar, para construir engaños a escala industrial o para apropiarse de lo que no le pertenece, la demanda no va a venir de un servidor ofendido. Va a venir de una corporación con recursos, con abogados especializados y con muy poca paciencia para los argumentos que empiezan con «es que yo solo usé la herramienta». La responsabilidad legal no se diluye en la nube, aterriza. Y aterriza sobre personas físicas y jurídicas concretas.

La justicia sigue siendo un asunto de papel y de magistrados. De pruebas y de argumentos, no de algoritmos. Y ahí, en ese espacio, quien rinde cuentas es el ser humano, el que tomó la decisión de apretar el botón, el que firmó al final del proceso. Por eso los legisladores tienen trabajo urgente por delante: no para ponerle freno a la tecnología, sino para aclarar, de una vez, en qué lugar de la cadena de responsabilidades cae cada quien.

Mientras tanto, conviene no perder de vista algo elemental: las herramientas no tienen historia propia, nosotros sí. Y somos nosotros quienes, con lo que hacemos o dejamos de hacer, escribimos la nuestra.