Investigación por lavado de 9 mil millones pone bajo la lupa posibles redes empresariales en Puebla
- El caso ya fue judicializado por la FEMDO y apunta a una estructura nacional de factureras, triangulación financiera y prestanombres.
CIUDAD DE MÉXICO.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una de las mayores presuntas operaciones de lavado de dinero de la última década en México, con movimientos financieros estimados en 9 mil 631.8 millones de pesos, una cifra comparable al presupuesto anual de dependencias federales completas como Gobernación o Relaciones Exteriores. El caso ya fue judicializado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que busca imputar delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las investigaciones señalan como piezas centrales a empresas clasificadas por el SAT como factureras definitivas, entre ellas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, las cuales habrían operado un esquema de triangulación financiera mediante miles de depósitos y retiros con montos prácticamente idénticos para aparentar legalidad. El mecanismo utilizó además a amas de casa, estudiantes y jubilados como prestanombres, práctica común para fragmentar operaciones y ocultar a los verdaderos beneficiarios de los recursos.
Aunque el origen formal de las operaciones investigadas se ubica entre 2016 y 2018, las autoridades consideran que la red pudo mantenerse activa a través de estructuras empresariales paralelas y nuevos intermediarios fiscales. Las indagatorias alcanzan estados como Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México y la Ciudad de México, donde se detectaron movimientos irregulares, dispersión de recursos y posibles conexiones con despachos especializados en evasión fiscal.
El caso ocurre además en medio de una ofensiva federal mucho más agresiva contra las llamadas EFOS y EDOS —empresas que facturan operaciones simuladas y quienes las deducen— impulsada por el SAT durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. En los últimos meses, autoridades hacendarias han reforzado el intercambio de información bancaria, fiscal y patrimonial con la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, enfocándose particularmente en redes que mezclan evasión fiscal, corrupción administrativa y recursos posiblemente vinculados al crimen organizado.
Aunque hasta ahora no existe un señalamiento público directo contra actores poblanos, especialistas consideran poco probable que una red de este tamaño no haya tenido operaciones o vínculos financieros en Puebla, especialmente por el volumen de empresas fachada y esquemas de subcontratación que históricamente han operado en la zona centro del país. De hecho, Puebla ha sido identificado en años recientes como un punto relevante en investigaciones relacionadas con facturación simulada, outsourcing irregular y triangulación de recursos públicos y privados, por lo que no se descarta que futuras líneas de investigación alcancen despachos, operadores fiscales o empresas vinculadas con contratos gubernamentales en la entidad.
