El agua sucia de los municipios
Por Yazmín Curiel
Hay comparecencias que pasan de noche y otras que dejan temas que merecen una discusión de fondo. La de la directora de SOAPAP, Josefina Morales, pertenece a la segunda categoría. Más allá de los números y los informes administrativos, colocó sobre la mesa un asunto que durante años ha permanecido incómodo: el agua no puede seguir viéndose únicamente como un servicio de distribución, sino como un sistema integral que incluye extracción, conducción, saneamiento y reutilización.
Uno de los datos más relevantes fue la recuperación de 47 litros por segundo que eran sustraídos mediante tomas clandestinas, el llamado “huachicol del agua”. No se trata únicamente de un golpe contra la ilegalidad; significa recuperar un volumen que puede abastecer a miles de personas y demuestra que la coordinación entre SOAPAP, Agua de Puebla y la Comisión Nacional del Agua puede ofrecer resultados cuando existe voluntad institucional.
Pero quizá la revelación más delicada fue otra. Mientras los ciudadanos pagan por el saneamiento, varios municipios metropolitanos no cuentan con infraestructura suficiente para tratar sus aguas residuales. El caso de Coronango resulta especialmente sensible al señalarse que cobra el concepto correspondiente, pero no realiza el saneamiento. Si esto es así, el debate deja de ser técnico para convertirse en un asunto de responsabilidad pública y de rendición de cuentas.
La petición de un exhorto desde el Congreso no debería quedarse en un gesto político. El verdadero desafío consiste en obligar a los municipios a incorporar inversiones en saneamiento dentro de sus presupuestos. Durante décadas, construir plantas de tratamiento ha sido menos rentable electoralmente que inaugurar calles o parques; sin embargo, postergar esa infraestructura termina trasladando el costo al medio ambiente, a la salud pública y a las futuras generaciones.
La comparecencia también deja una lectura política interesante: Josefina Morales Guerrero planteó una visión de coordinación entre SOAPAP, Agua de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla, alineando inversiones con necesidades metropolitanas. Esa ruta puede convertirse en un modelo de gobernanza del agua, siempre que la cooperación trascienda los discursos y alcance también a los municipios que hoy siguen descargando aguas residuales sin asumir plenamente su responsabilidad.
La próxima discusión ya no debería ser quién administra el agua, sino quién está dispuesto a invertir en limpiarla. Porque llevar agua potable es una obligación; devolverla saneada al medio ambiente es una responsabilidad que no admite excepciones.
