Armenta pone lupa a alcaldes-constructores: 90% de los separados del cargo tenían empresas de obra
El gobernador afirmó que la mayoría de los presidentes municipales apartados por investigaciones tenían constructoras y cuestionó posibles esquemas de beneficio personal mediante obra pública.
Itzeli Zamora
PUEBLA, Pue.- Alejandro Armenta lanzó un señalamiento directo sobre los alcaldes que han tenido que separarse del cargo en Puebla: aseguró que el 90 por ciento tenía empresas constructoras, situación que, dijo, habría facilitado esquemas de beneficio particular alrededor de la obra pública.
Durante un encuentro con periodistas en la Ciudad de México, el gobernador sostuvo que las investigaciones realizadas por la Fiscalía a distintos ayuntamientos han dejado al descubierto un patrón.
“Resulta que de los alcaldes que se han tenido que separar del cargo, el 90 por ciento son alcaldes constructores, es decir, tienen constructoras”, afirmó.
Armenta relacionó este fenómeno con lo que calificó como un viejo modelo de construcción “neoliberalista”, al que denominó “calle moche, calle milpa”, por considerar que las obras terminaban encareciéndose entre intermediarios, utilidades y posibles comisiones.
El mandatario planteó que cuando quien gobierna también tiene intereses empresariales vinculados con la construcción, se abre la posibilidad de que los recursos destinados a infraestructura pública terminen generando beneficios privados.
Sin embargo, en la declaración difundida no se identificó a los alcaldes a los que hizo referencia ni se presentaron documentos que acrediten individualmente la propiedad de esas empresas, por lo que el señalamiento del 90 por ciento corresponde, hasta ahora, a lo afirmado por el gobernador.
Armenta aseguró que su administración busca romper con ese esquema mediante obras ejecutadas a costos menores y con mayor capacidad de intervención, al sostener que algunos trabajos pueden realizarse hasta por una tercera parte de lo que costaban bajo modelos anteriores.
La meta estatal, dijo, es alcanzar 28 mil calles intervenidas, ampliando el número de obras sin incrementar proporcionalmente el gasto.
El señalamiento ocurre en medio de investigaciones y separaciones de presidentes municipales en distintas regiones de Puebla, lo que coloca nuevamente sobre la mesa un tema particularmente delicado: los posibles conflictos de interés entre funcionarios públicos, empresas constructoras y asignación de contratos.
Si el dato del 90 por ciento se sostiene documentalmente, la discusión podría dejar de ser únicamente sobre alcaldes investigados y convertirse en una revisión más amplia sobre quién construye la obra municipal, cómo se adjudica y quién termina beneficiándose de ella.
