Puebla blinda participación política de mujeres rumbo a próximos procesos electorales
La Secretaría de las Mujeres, el IEE y el TEEP firmaron un convenio para prevenir y sancionar la violencia política de género, con capacitación, seguimiento y acciones de protección institucional.
PUEBLA, Pue.- La Secretaría de las Mujeres, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla firmaron un convenio para reforzar la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, de cara a los próximos procesos de participación pública y electoral.
El acuerdo establece acciones de capacitación, sensibilización, seguimiento y coordinación interinstitucional, además de incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las instituciones participantes.
La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, sostuvo que el objetivo es generar condiciones para que las poblanas puedan participar políticamente “libres, seguras y sin miedo”.
Como parte de la estrategia estatal, la funcionaria informó que los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán acumulan más de 300 mil atenciones, mientras que más de 200 mil Cartillas de los Derechos de las Mujeres han sido distribuidas en los 217 municipios de Puebla.
El convenio cobra especial relevancia frente a conductas que pueden presentarse durante campañas, procesos internos de partidos o ejercicio de cargos públicos, desde presiones y descalificaciones basadas en género hasta obstáculos para ejercer plenamente funciones políticas.
La consejera presidenta provisional del IEE, Christian Mariana Ceballos Garduño, señaló que el organismo buscará reforzar mecanismos para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia, con el objetivo de garantizar una participación política sin discriminación.
Por su parte, el presidente del TEEP, Israel Argüello Boy, reconoció que todavía existen conductas normalizadas que pueden constituir violencia política contra las mujeres y destacó la necesidad de que las resoluciones electorales incorporen perspectiva de género.
El Tribunal plantea fortalecer la capacitación de quienes analizan y resuelven controversias electorales, para que las sentencias cumplan con estándares de protección de derechos y no reproduzcan sesgos o prácticas discriminatorias.
La alianza entre las tres instituciones busca que la prevención no dependa únicamente de denuncias posteriores, sino que exista capacidad para identificar riesgos, orientar a las víctimas y actuar antes de que la violencia limite su participación.
El desafío será trasladar el convenio del papel a los procesos políticos reales, especialmente cuando aumente la competencia electoral y las mujeres enfrenten disputas por candidaturas, cargos partidistas o espacios de representación.
