Ante el aumento de propaganda política en bardas, el IEE y el Congreso revisarán la leyes
Pável Gaspar anunció una revisión de la legislación vigente ante el aumento de pintas con nombres de actores políticos; el análisis se realizará con autoridades electorales y el IEE.
Itzeli Zamora
PUEBLA, Pue.- El Congreso del Estado revisará si la legislación actual permite regular con mayor precisión las bardas utilizadas para difundir nombres de actores políticos, ante la proliferación de este tipo de mensajes en distintos puntos de Puebla.
El presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, explicó que actualmente buena parte de la responsabilidad recae en los propietarios de los inmuebles, ya que se trata de espacios privados cuyo uso puede ser autorizado por sus dueños.
“Los dueños de las casas son los dueños de las bardas; ahí la autoridad no puede hacer nada”, señaló el legislador.
Gaspar indicó que empresas, particulares o partidos políticos pueden solicitar autorización para utilizar estos espacios, por lo que el Congreso analizará si existen vacíos legales o mecanismos insuficientes para controlar su uso.
En Puebla, la pinta de bardas con nombres de políticos ha generado polémica y protestas ciudadanas. Por un lado, partidos como Morena defienden estas acciones al asegurar que no violan la ley electoral si no piden el voto directamente. Por otro lado, grupos de ciudadanos iniciaron la iniciativa «Bardas Blancas» para pintar y borrar dicha propaganda de las calles.
La revisión se realizará en coordinación con autoridades electorales y el Instituto Electoral del Estado (IEE), con el objetivo de determinar si es necesario impulsar una reforma o fortalecer las disposiciones existentes.
El tema cobra relevancia porque las pintas con nombres, frases o referencias a figuras políticas pueden aparecer fuera de los periodos formales de campaña, lo que abre discusiones sobre promoción anticipada, fiscalización y uso de espacios privados.
Por ahora, el Congreso no ha adelantado una propuesta concreta ni ha definido qué restricciones podrían incorporarse, pero el análisis buscará establecer mayores controles y evitar posibles irregularidades en futuros procesos electorales.
La discusión podría concentrarse en un punto clave: hasta dónde termina el derecho del propietario sobre una barda privada y dónde comienza la obligación de las autoridades de vigilar propaganda con posibles efectos electorales.
