Ciberasedio en Puebla: ¿Justicia digital o un bozal con sello de casa?
Por Osvaldo Hernández Olivera
Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro.
Hay que decirlo sin rodeos: navegar por las redes sociales en Puebla hoy en día se siente como intentar cruzar el Periférico en hora pico; uno nunca sabe de dónde va a venir el golpe o quién te va a echar las luces. Entre el «hate» coordinado de los bots y el acoso real que destruye reputaciones, la intención del Congreso de poner reglas parecía, al menos en el papel, un acto de sensatez.
La dichosa reforma sobre el «Ciberasedio» se ha vuelto ese vecino incómodo que nadie sabe cómo manejar en las juntas de la unidad habitacional. Y miren, se los digo con la convicción de quien ha visto pasar decenas de leyes «innovadoras» que terminan siendo simples llamaradas de petate. El problema aquí no es que busquen castigar al que violenta en digital; el verdadero pecado es la flojera legislativa con la que redactaron los términos.
¿Qué es una «ofensa insistente»? Para un funcionario con la piel más delgadita que una tortita de Santa Clara, tres críticas sobre los baches en la 11 Sur pueden ser «asedio». Para un periodista que rasca donde le duele al poder, sus preguntas en X (antes Twitter) se vuelven de pronto «vejamientos». Ahí está la trampa; no estamos ante una ley de ciberseguridad de vanguardia, sino ante un cheque en blanco para que el influyente de turno decida quién tiene derecho a quejarse y quién merece una visita al Ministerio Público.
Puebla no necesita más leyes ambiguas que huelan a censura; necesita autoridades que entiendan que el mundo digital no es una extensión de su oficina, sino una plaza pública donde la crítica, aunque les escueza, es un derecho fundamental.
Los reveses judiciales que han caído este inicio de 2026 no son obra de la casualidad ni un capricho de los jueces. Es el sistema federal recordándole a nuestros diputados que no se puede legislar con el estómago ni con la agenda política bajo el brazo. Lo que indigna es la hipocresía: mientras los fraudes con Inteligencia Artificial y la clonación de voces nos pegan a los poblanos en el WhatsApp todos los días sin que nadie mueva un dedo, la urgencia de la ley fue para blindarse contra los «insultos». Las prioridades, como suele pasar, están patas arriba.
Al final del día, mientras nos tomamos un café en los portales y revisamos el feed del celular, la duda queda flotando: ¿a quién protege realmente esta ley? Si la respuesta no es «al ciudadano común», entonces no es derecho informático, es un bozal diseñado en una computadora de oficina estatal. Y eso, en una Puebla que presume de moderna, simplemente no pasa la prueba del ácido.
