Congreso aprieta a municipios: Alerta de Género, clima, mascotas y cuentas pendientes
Por Alonso Nava
El Congreso del Estado de Puebla decidió subir el tono y pasar del discurso a la exigencia formal. En sesión de la Comisión Permanente, se aprobó un exhorto para que los 50 municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género entreguen un informe ejecutivo sobre el seguimiento y cumplimiento de las 45 medidas en materia de prevención, seguridad y justicia. La instrucción es clara: reportar avances ante la Secretaría de Gobernación del Estado.
El acuerdo no se queda en el corte de caja. También llama a los ayuntamientos a coordinarse con la Secretaría de las Mujeres para elaborar y difundir un plan de trabajo 2026, con acciones puntuales para atender la violencia contra las mujeres. En otras palabras, menos simulación y más planeación verificable, con metas y responsables identificables.
En el mismo paquete de acuerdos, el Congreso pidió a la Secretaría de las Mujeres, junto con las áreas de Ciencia, Tecnología y Seguridad Pública, diseñar estrategias digitales que permitan prevenir y atender de manera oportuna situaciones de violencia o emergencia. La apuesta es usar herramientas tecnológicas para acortar tiempos de reacción y ampliar el alcance de la atención institucional, un terreno donde el rezago sigue siendo evidente.
El orden del día también tocó un tema que suele parecer menor hasta que se vuelve problema: la adopción y tenencia responsable de mascotas. Legisladores avalaron exhortar a Medio Ambiente y a los gobiernos municipales para impulsar campañas que desincentiven regalar animales en fechas como Navidad, Reyes o Día de la Niñez, prácticas que terminan, semanas después, en abandono y saturación de espacios públicos.
En materia ambiental, se sumó un llamado alineado a la Agenda 2030, específicamente al objetivo de Acción por el Clima. El Congreso pidió a ayuntamientos y concejos municipales adoptar medidas para reducir emisiones, fomentar energías renovables y disminuir traslados vehiculares, con el doble beneficio de bajar costos de operación y mitigar impactos ambientales. El reto, como siempre, será pasar del exhorto al presupuesto.
Ya en asuntos legislativos, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó un punto de acuerdo para que los gobiernos municipales cumplan con una obligación básica pero frecuentemente ignorada: elaborar en enero el inventario general de bienes municipales, con participación de tesorerías y comisiones de patrimonio. La propuesta fue enviada a comisión para su análisis, aunque el diagnóstico es conocido: desorden patrimonial que luego cuesta auditorías y observaciones.
La sesión cerró con dos temas de impacto social inmediato. Uno, combatir la discriminación laboral hacia personas mayores de 40 años, exhortando a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a impulsar políticas públicas que valoren experiencia y trayectoria. El otro, pedir a la Procuraduría Federal del Consumidor reforzar la vigilancia comercial en enero y febrero de 2026 para frenar abusos durante la “cuesta” que aprieta los bolsillos.
Muchos acuerdos, muchas urgencias. El Congreso ya habló; ahora la pregunta incómoda es si los municipios y dependencias aludidas responderán con hechos o dejarán que los exhortos se archiven como buenas intenciones.
