Congreso de Puebla refuerza leyes contra la violencia hacia las mujeres
• La LXII Legislatura ha aprobado reformas en vivienda, justicia, igualdad salarial y violencia de género para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres.
Desde el inicio de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla ha impulsado y aprobado diversas reformas legales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a garantizar la igualdad sustantiva y la protección de sus derechos.
Entre las modificaciones aprobadas destaca la reforma a la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, propuesta por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, que busca promover el acceso a vivienda adecuada para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, incorporando principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación.
Asimismo, a partir de la iniciativa de la diputada Celia Bonaga Ruiz, se reformaron artículos del Código Civil del Estado, con el objetivo de ampliar el concepto de alimentos, para incluir no solo necesidades básicas, sino también esparcimiento, educación y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Otra de las reformas relevantes fue impulsada por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri y la diputada Floricel González Méndez, mediante la cual se incorporó en la legislación estatal el concepto de violencia simbólica, entendida como prácticas o mensajes que reproducen patrones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en distintos ámbitos sociales.
De igual forma, el Congreso aprobó reformas promovidas por la diputada Xel Arianna Hernández García para fortalecer la igualdad sustantiva y combatir la brecha salarial de género, así como la propuesta de Azucena Rosas Tapia, que amplía la definición de violencia obstétrica al incluir al personal administrativo en los servicios de salud.
Entre las iniciativas avaladas también se encuentra la eliminación de la facultad de presidentes municipales para suplir el consentimiento de menores de edad para contraer matrimonio, así como reformas educativas para impulsar programas de entrega gratuita de productos de gestión menstrual reutilizables.
Además, se reformó el Código Penal del Estado para establecer que los casos de violación entre cónyuges o concubinos se persigan de oficio, medida que busca fortalecer la protección legal de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
