Cuando matar a un candidato también mata una elección
Mirada de Mujer, por Ángela Mercado.
La propuesta de la diputada local Fedrha Suriano Corrales merece discutirse sin reflejos partidistas: si el homicidio de una persona candidata altera de manera determinante una contienda, la elección en Puebla debería poder anularse. No por castigo simbólico, sino por una razón elemental: una democracia no puede fingir normalidad cuando la violencia decide quién aparece en la boleta, quién hace campaña, quién se calla y quién llega vivo al día de la votación.
México sabe, con dolor, que los asesinatos políticos no son episodios aislados: a veces cambian la ruta del país. En 1927, los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, opositores a la reelección de Álvaro Obregón, fueron asesinados o fusilados en el contexto de la sucesión presidencial de 1928. Un año después, el propio Obregón, ya presidente electo, fue asesinado el 17 de julio de 1928 en La Bombilla, hecho que abrió paso a una reorganización del poder posrevolucionario y al nacimiento del partido que después sería el PRI.
El caso que sigue pesando como herida nacional es el de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Su muerte sacudió la sucesión presidencial, profundizó la crisis de confianza en el régimen y marcó a una generación que entendió, quizá tarde, que la violencia política no solo elimina personas: también modifica futuros posibles.
Más cerca en el tiempo, Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, fue asesinado el 28 de junio de 2010, seis días antes de la elección. Su hermano Egidio Torre Cantú lo sustituyó y ganó la gubernatura. Ese caso muestra el problema central: aunque la ley permita sustituciones, la pregunta de fondo sigue abierta. ¿Puede una contienda seguir siendo equitativa cuando un crimen obliga a cambiar candidato, campaña, ánimo público y condiciones de competencia?
Los datos recientes hacen imposible tratar esta discusión como exageración. En el proceso electoral 2023-2024, organizaciones como Laboratorio Electoral, Integralia y Data Cívica registraron decenas de asesinatos y agresiones contra aspirantes, candidaturas y actores políticos. Animal Político documentó 36 aspirantes o candidatos asesinados ligados al proceso de 2024; Integralia reportó 37 aspirantes asesinados hacia el cierre de la contienda, y Laboratorio Electoral ubicó ese proceso entre los más violentos de la historia moderna del país. Puebla no fue ajena: Jorge Huerta Cabrera, candidato a regidor por el PVEM en Izúcar de Matamoros, fue asesinado el 31 de mayo de 2024, a unos días de la jornada electoral.
Por eso la iniciativa tiene sentido, siempre que se cuide un punto clave: la nulidad no debe ser automática. Suriano acierta al plantear tres candados: acreditar el homicidio doloso, demostrar su vínculo con el proceso electoral y probar que tuvo incidencia determinante en el resultado. Sin esos filtros, la norma podría convertirse en arma de litigio, chantaje o repetición electoral permanente. Con ellos, puede ser una herramienta seria para proteger la voluntad popular.
Mi opinión es clara: anular una elección por el asesinato de una candidatura debe ser excepcional, pero debe estar previsto en la ley. Lo contrario equivale a decir que la democracia puede continuar aunque haya sido torcida a balazos. Y no: votar bajo miedo no es votar libremente.
La iniciativa no resolverá por sí sola la violencia política. Para eso se necesitan fiscalías eficaces, protección temprana, inteligencia contra redes criminales y partidos menos negligentes al postular en zonas capturadas por intereses ilegales. Pero sí manda un mensaje institucional indispensable: si alguien mata para influir en una elección, el Estado no debe limitarse a contar votos como si nada hubiera pasado.
La democracia no solo se defiende el día de la elección. Se defiende cuando se impide que el crimen decida quién compite, quién se retira y quién gobierna.
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