Delfina Pozos denuncia acarreo de Morena: ¿llevará las acusaciones al IEE o quedarán en el discurso?
La diputada priista cuestiona la movilización de Gabriela “La Bonita” Sánchez, aunque su propio partido tiene una larga historia de movilización corporativa. La legisladora anunció una denuncia electoral, pero falta conocer las pruebas que presentará.
Itzeli Zamora
Puebla, Pue.– La diputada local y dirigente priista Delfina Pozos Vergara encontró un nuevo motivo de confrontación política rumbo a 2027: el presunto acarreo de personas durante el acto multitudinario que encabezó Gabriela “La Bonita” Sánchez en el Zócalo de Puebla. La legisladora anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), aunque por ahora el señalamiento se mantiene en el terreno de las declaraciones públicas.
La acusación adquiere un matiz particular por la historia del propio PRI, partido que durante décadas recurrió a estructuras corporativas, organizaciones sindicales y mecanismos de movilización política para llenar plazas y respaldar actos partidistas. La práctica del acarreo no es exclusiva de una fuerza política, pero forma parte de los antecedentes del sistema de movilización que el priismo contribuyó a consolidar durante su larga permanencia en el poder.
Pozos Vergara cuestionó la concentración del pasado 17 de octubre, cuando la exsecretaria de Deporte y Juventud caminó desde el Paseo Bravo hasta el Zócalo para formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena, un paso relacionado con sus aspiraciones a la alcaldía de Puebla en 2027.
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“Ya es un cinismo, una forma descarada de violar la ley. Ya cualquiera está pintando bardas, ya cualquiera hace proselitismo y ni siquiera cumplen con sus funciones como servidores públicos”, declaró la legisladora, quien también puso bajo cuestionamiento la presencia de funcionarios estatales en la movilización.
El señalamiento no carece de relevancia: el posible uso de recursos públicos y la participación indebida de servidores públicos en actividades partidistas deben ser investigados cuando existen elementos que lo justifiquen. Sin embargo, la presencia de una multitud o de funcionarios en un acto político no acredita automáticamente acarreo, financiamiento gubernamental o una infracción electoral.
La diputada también exigió que Gabriela Sánchez rinda cuentas sobre su gestión al frente de la Secretaría de Deporte y Juventud, un reclamo que ya había planteado públicamente a principios de octubre, cuando solicitó su comparecencia ante el Congreso local para explicar el manejo de recursos de la dependencia.
El verdadero examen para Delfina Pozos comenzará cuando transforme sus declaraciones en una denuncia formal. Tendrá que precisar cuáles fueron las conductas presuntamente ilegales, identificar a los servidores públicos involucrados y aportar elementos que permitan investigar si hubo utilización de recursos gubernamentales. Hasta ahora, la información difundida no permite confirmar que ese procedimiento ya se haya iniciado.
En el contexto de la competencia por la presidencia municipal de Puebla, los cuestionamientos de la dirigente priista también abren una discusión sobre el papel de la oposición: la diferencia entre fiscalizar a quienes gobiernan y limitarse a protagonizar confrontaciones públicas está en la capacidad de documentar los señalamientos y llevarlos ante las instancias correspondientes.
Por ahora, Delfina Pozos tiene una denuncia anunciada y una controversia pública. Falta saber si presentará las pruebas y sostendrá jurídicamente sus acusaciones. De hacerlo, corresponderá al IEE investigar y determinar posibles responsabilidades. De lo contrario, el episodio permanecerá como otro intercambio político en la carrera anticipada por la alcaldía de Puebla.
