Destituyen a fiscales y coordinadores por corrupción en la Fiscalía de Puebla
Funcionarios de áreas sensibles son señalados por extorsión, manipulación de investigaciones y cobros ilegales a empresarios
Puebla, Pue., 2 de noviembre de 2025.– Una nueva sacudida interna se registró en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), donde varios funcionarios fueron separados de sus cargos tras ser señalados por presuntos actos de corrupción, extorsión y manipulación de carpetas de investigación, principalmente en perjuicio de empresarios locales.
Fuentes cercanas al organismo confirmaron que entre los cesados se encuentran Miguel Islas, quien se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI); Jorge Malvaez, coordinador operativo del área; y Luis Antonio León Delgadillo, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).
Los tres habrían sido acusados por particulares de alterar investigaciones y exigir dinero a cambio de “facilitar” procesos judiciales o de frenar diligencias. De acuerdo con las mismas fuentes, los expedientes internos ya se turnaron a la Dirección de Asuntos Internos y podrían derivar en denuncias penales.
Red de corrupción bajo la lupa
Las denuncias que detonaron estas destituciones surgieron de empresarios locales y abogados litigantes, quienes documentaron presuntas redes de extorsión al interior de la Fiscalía. En algunos casos, los funcionarios habrían solicitado pagos en efectivo o transferencias bancarias para modificar el rumbo de carpetas o retrasar su judicialización.
Las irregularidades no serían casos aislados. En los últimos meses, al menos una docena de agentes del Ministerio Público y personal administrativo han sido removidos o reubicados por presuntos vínculos con actos de corrupción. Fuentes internas aseguran que las investigaciones continúan y que podrían salir a la luz nuevos nombres en las próximas semanas.
Silencio oficial y clima de tensión
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre los despidos ni sobre el avance de las investigaciones internas. Sin embargo, trabajadores del organismo reconocen que la tensión al interior es evidente, especialmente en áreas vinculadas con delitos financieros y patrimoniales.
En los pasillos de la institución se habla de una “limpia silenciosa”, derivada no tanto de una política institucional, sino de la acumulación de denuncias externas y presiones internas por el deterioro de la imagen pública de la Fiscalía.
Más ceses en puerta
Diversas fuentes consultadas advierten que las destituciones podrían no ser las últimas. Las revisiones administrativas se habrían extendido a otras fiscalías especializadas, entre ellas las de Delitos Patrimoniales y Servidores Públicos, donde también se investiga la manipulación de expedientes y el presunto cobro de favores judiciales.
Mientras tanto, la Fiscalía enfrenta un momento crítico de credibilidad. Los ceses recientes exhiben un problema estructural que va más allá de nombres individuales: una red de corrupción enquistada en los niveles medios de mando, donde el dinero y la influencia parecen haber sustituido el principio de justicia.
