El CIS: la obra que se cobra sola… y se sigue cobrando

Por Angela Mercado

El Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis volvió al centro del debate público. No por su arquitectura ni por la eficiencia administrativa que prometía, sino por algo más terrenal: el dinero. Mucho dinero. Y una deuda que, a más de una década de haberse firmado, sigue drenando las finanzas de Puebla como si el tiempo no pasara.

El gobernador Alejandro Armenta decidió decirlo sin rodeos: no va a seguir pagando una deuda que considera abusiva, heredada y diseñada para beneficiar a unos cuantos. Y ahí es donde el tema deja de ser administrativo y se convierte en político, financiero y —para muchos— moral.

El origen: contratos del morenovallismo

El CIS fue concebido y firmado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, bajo el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), una figura legal que, en teoría, permitía construir sin endeudar… pero que en la práctica comprometió al estado hasta 2037.

De acuerdo con información pública y trascendidos conocidos en el medio financiero, el proyecto fue adjudicado a consorcios vinculados a grandes constructoras nacionales, algunas con presencia recurrente en obra pública de aquellos años. Entre los nombres que han circulado —y que aparecen en registros mercantiles y notas especializadas— figuran grupos empresariales con intereses en infraestructura, operación y mantenimiento, no solo del edificio, sino de servicios anexos.

Los contratos fueron avalados por funcionarios panistas de primer nivel en ese momento, desde áreas de finanzas hasta infraestructura, bajo una lógica que hoy resulta incómoda: el CIS no debía costar más de mil 500 millones de pesos, pero terminó comprometiendo cerca de 7 mil millones a lo largo de su vida contractual.

El negocio detrás del edificio

Uno de los puntos menos discutidos —pero más rentables— es el estacionamiento del CIS, concesionado a un operador privado. Un negocio redondo: ubicación privilegiada, flujo constante de usuarios y tarifas que, acumuladas año con año, representan ingresos millonarios.

Mientras el estado paga por “disponibilidad del servicio”, el concesionario cobra por cada automóvil que entra. Doble ingreso, riesgo mínimo y ganancias garantizadas. Un modelo que explica por qué el CIS “se cobra solo”… pero no para el gobierno.

¿Quién gana y quién paga?

Hasta hoy, Puebla ya pagó más de 2 mil 600 millones de pesos, y aun así debe 4 mil 300 millones. Es decir: se ha pagado más de lo que costó construirlo, y todavía falta casi la mitad del compromiso financiero. Un esquema que, visto con lupa, no resiste una explicación técnica sencilla.

Por eso no sorprende que Armenta hable de moratoria, renegociación o incluso de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mensaje no es solo jurídico: es político. El gobernador parece dispuesto a asumir el costo de enfrentarse a empresarios, despachos y herencias del PAN, con tal de no seguir destinando recursos que —dice— deberían ir a seguridad, campo y servicios básicos.

El trasfondo incómodo

En privado, algunos actores del sector empresarial reconocen que el CIS es indefendible en términos financieros, pero temen que una renegociación siente precedentes para otros PPS en el país. Del otro lado, viejos cuadros del panismo guardan silencio o hablan de “decisiones de contexto”, aunque fueron ellos quienes levantaron la mano cuando se firmaron los contratos.

La pregunta ya no es si el CIS fue un mal negocio para Puebla. Eso parece claro.
La verdadera incógnita es si esta vez alguien va a pagar el costo político, legal o financiero, o si, como tantas otras veces, la factura volverá a llegarle a los ciudadanos.

Porque el CIS no solo es un edificio.
Es el recordatorio de una época donde gobernar también fue concesionar el futuro.