Fin de ciclo: la caída del Mencho, la cooperación México-EE.UU. y el simbolismo del 22

Directo y Sin Escalas, por Gerardo Herrera

El calendario no es inocente. El 22 de febrero ya estaba inscrito en la memoria criminal del país desde 2014, cuando fue capturado en Mazatlán Joaquín Guzmán Loera. No fue su detención definitiva —esa llegaría tras su recaptura en enero de 2016—, pero sí fue el golpe que lo devolvió al centro del tablero mundial. Doce años después, la misma fecha vuelve a cargar simbolismo con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. No es coincidencia menor: es narrativa estratégica.

Durante más de una década, Oseguera sostuvo un blindaje que parecía impenetrable. El primer círculo era social: redes de halcones distribuidas en comunidades serranas que alertaban cualquier movimiento federal. El segundo era táctico: un núcleo armado con entrenamiento y poder de fuego suficiente para disuadir incursiones, con el antecedente del helicóptero militar derribado en 2015 como recordatorio de que el CJNG no jugaba a medias. El tercero era estructural: redes locales de protección política y logística que facilitaron movilidad, información anticipada y expansión territorial. Ese trípode permitió al grupo consolidarse como la organización con mayor expansión en México y presencia en rutas internacionales de drogas sintéticas.

Romper esos tres anillos no fue producto de improvisación. Fue inteligencia acumulada, intercepción de comunicaciones, rastreo financiero y análisis territorial. Aquí aparece el dato que dimensiona el operativo: un Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, liderado por militares estadounidenses y creado formalmente hace un mes, aportó información de inteligencia para ubicar al objetivo. Washington había compilado durante años un paquete detallado sobre Oseguera, respaldado por agencias de seguridad y servicios de inteligencia, en un contexto donde Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La precisión importa: hubo inteligencia compartida, no intervención operativa. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que existió “información complementaria” proveniente de Estados Unidos. No hubo tropas extranjeras en tierra. El diseño y la ejecución fueron responsabilidad del Estado mexicano a través del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En un tema históricamente sensible para la soberanía, la distinción no es semántica, es política.

El balance oficial del operativo en Tapalpa es contundente: siete integrantes del CJNG abatidos, incluido su líder; dos detenidos; tres elementos federales heridos; armamento de alto poder asegurado. La reacción no tardó. Bloqueos e incendios de vehículos en más de media docena de estados buscaron demostrar que la organización aún tenía capacidad de respuesta. Fue ruido inmediato, pero de duración limitada. No hubo control territorial prolongado, sino impacto mediático y presión momentánea.

La pregunta no es si el CJNG desaparecerá. No lo hará por decreto. La pregunta es si el Estado aprovechará el vacío para golpear finanzas, rutas y operadores regionales o si la estructura se reacomodará con rapidez. En 2014, la captura de Guzmán fue presentada como punto de inflexión; la historia mostró que decapitar liderazgos no desmantela redes automáticamente. Hoy el contexto es distinto: cooperación binacional más explícita, inteligencia más sofisticada y organizaciones criminales más descentralizadas.

El 22 de febrero vuelve a quedar marcado. Esta vez no se trató de una captura, sino de un abatimiento. No fue una operación extranjera, sino mexicana con inteligencia compartida. No es el final de la historia, pero sí un movimiento mayor en el tablero. México volvió a cazar a un mito en la misma fecha en que ya había capturado otro. El simbolismo es evidente; lo decisivo será lo que ocurra cuando el eco del operativo se disipe y el poder criminal busque reacomodarse.