La ley contra el grooming cumple 14 años. Las fiscalías, no.

Por Osvaldo Hernández Olivera.
Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro.

Hay una estadística que, francamente, debería avergonzar a todo el sistema de justicia en México: la inmensa mayoría de las denuncias por grooming digital jamás logran pisar la etapa de investigación complementaria; hablamos del asedio de adultos a menores a través de pantallas con fines de abuso. Nuestro país tipificó este delito hace más de una década, en 2012. Pero seamos claros, escribir una ley no es construir la capacidad institucional para aplicarla; esa enorme distancia entre lo que dice el Código Penal y la realidad de los ministerios públicos la terminan pagando las familias. Cuando denuncian, se topan con un muro.

El abismo técnico de las fiscalías.
El artículo 209 Bis del Código Penal Federal es bastante claro y necesario: sanciona a quien use medios digitales para contactar a menores buscando su participación en actividades de naturaleza sexual. El problema jamás fue el texto de los legisladores, el problema es lo que ocurre tras la denuncia: el Estado mexicano simplemente no tiene cómo desenmascarar a un criminal escudado en perfiles falsos o chats con cifrado de extremo a extremo. No es que los jueces desechen los casos por capricho; es que las fiscalías estatales, en su mayoría, carecen de la capacidad técnica para investigar. Rastrear este delito exige peritos informáticos forenses especializados en menores, capacidad para rescatar evidencia digital volátil antes de que se evapore y protocolos ágiles. En muchos estados, estas unidades especializadas son solo un adorno en el organigrama, no una fuerza operativa real.

El laberinto de pedir ayuda al extranjero.
Cuando una fiscalía mexicana necesita identificar al operador de una cuenta en Meta o Google, comienza un calvario. Dependen de la cooperación de empresas extranjeras mediante procesos lentos que exigen formalidades procesales que muchos agentes desconocen. A menudo, se requiere activar tratados de asistencia legal mutua que tardan hasta 18 meses en resolverse. ¿El resultado? cuando llega la respuesta, la cuenta fue eliminada y el rastro se esfumó. Sí, México ratificó el Convenio de Budapest para agilizar exactamente este tipo de cooperación internacional. Pero ratificar un documento no es hacerlo funcionar; la realidad operativa es que la mayoría de los fiscales estatales nunca recibieron capacitación sobre cómo usar estas herramientas.

El saldo humano.
Las organizaciones que acompañan a las víctimas documentan un patrón desgarrador: se levanta la denuncia, se abre la carpeta de investigación y el caso se estanca por meses. No siempre por negligencia del agente, sino porque la institución entera está atada de manos sin herramientas técnicas. Esto genera un segundo daño en las víctimas: la cruda sensación de que el sistema de justicia es una ilusión y no está disponible para proteger a los más
vulnerables.

La solución ya existe (fuera de México).
No tenemos que inventar nada desde cero; en España opera la Brigada de Investigación Tecnológica ; en Reino Unido el CEOP ; en Estados Unidos el programa ICAC Task Force otorga financiamiento federal específico a fiscalías locales. México necesita urgentemente un modelo equivalente: una unidad federal de apoyo técnico que centralice el poder pericial. Cuando una fiscalía estatal enfrente un caso de grooming, debería poder activarla para usar canales de cooperación ya establecidos y preservar evidencia rápidamente. Hoy, cada estado pelea solo y con recursos completamente desiguales y eso no es federalismo, es una fragmentación que le regala toda la ventaja al delincuente, quien sabe perfectamente que la respuesta institucional será torpe, desigual o, de plano, inexistente.

Hace catorce años, México redactó la ley contra el grooming; lo que nunca se redactó fue el presupuesto, la capacitación ni la coordinación para que sirviera de algo. Una ley sin capacidad de investigación es letra muerta que no protege a nadie, solo sirve para darle al Estado la cómoda ilusión de haber resuelto un problema que, en los hechos, dejó completamente intacto.