La ley no basta: cuando el derecho digital llega tarde a Puebla y Tlaxcala
Por Osvaldo Hernández Olivera
Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro.
Hace tres semanas, casi sin que nadie lo notara entre el ruido del ciclo informativo, el Congreso de Tlaxcala hizo algo que merece más que una nota al pie: aprobó una reforma al Código Penal para sancionar el uso de inteligencia artificial en la creación de material íntimo falso —los llamados deepfakes sexuales— convirtiendo a Tlaxcala en uno de los primeros estados del país en poner nombre jurídico a una de las formas más brutales y silenciosas de violencia que existen hoy. Sí: en Tlaxcala ahora hay cárcel por fabricar un video sexual falso de alguien con IA, debería ser motivo de celebración. Y lo es, en parte. Pero quien haya seguido de cerca la realidad del derecho digital en esta región sabe que la distancia entre una ley aprobada y una que funciona puede ser, a veces, infinita.
La puerta que nadie quiere cruzar .
La región lleva años cargando el peso de una paradoja incómoda: fue pionera en adoptar la Ley Olimpia en 2019, aquella que sanciona la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y sin embargo, la mayoría de las víctimas de violencia digital en el estado vecino nunca denuncia; no por desconocimiento, no por indiferencia, sino porque el primer contacto con la institución —esa primera hora en el Ministerio Público— suele ser tan desgastante, tan lleno de preguntas que duelen, que muchas prefieren quedarse con el daño a cuestas antes que someterse al proceso. La fundadora del colectivo Ciber Pink, lo dice sin rodeos: cuando una mujer llega a denunciar violencia digital y lo primero que recibe es desconfianza, cuestionamientos, la mirada que insinúa «¿y tú qué hiciste?», el proceso judicial muere ahí mismo, ni siquiera llega a nacer. Eso no es un fallo menor del sistema: es el sistema en sí.
Puebla: segundo lugar en el ranking que nadie quiere ganar.
Mientras tanto, al otro lado de la frontera estatal, Puebla no sale mejor parada: una de cada cuatro mujeres poblanas ha vivido ciberacoso. La entidad ocupa el segundo lugar nacional en casos de violencia digital. Y los números de la Fiscalía General del Estado en el 2025 confirmaron lo que muchas ya sabían por experiencia propia: el acoso sexual creció treinta por ciento en dos años, con más de 450 carpetas abiertas solo en ese rubro. El gobierno estatal ha reaccionado: a finales del año pasado se puso en marcha el programa Seguras en Línea, que capacita a primeros respondientes, policías y personal de la Fiscalía para atender casos de violencia digital con algo de perspectiva de género. En diciembre se entrenó a más de dos mil servidores públicos. Es un paso real, concreto, sin duda mejor que nada. Pero capacitar a quien recibe denuncias no cambia por sí solo, la cultura que produce esas denuncias en primer lugar, ni cambia el miedo de quien decide no interponer ninguna.
Deepfakes: legislar lo que todavía no entendemos del todo.
Volvamos a Tlaxcala y a esa reforma que merece ser leída con calma. Lo que el Congreso aprobó en marzo no es menor: reconoce que la inteligencia artificial puede ser usada como arma, que generar o manipular imágenes, audios y videos sexuales sin consentimiento produce un daño real —psicológico, social, irreversible en muchos casos— aunque nunca haya existido ningún acto físico. Eso es, jurídicamente hablando, un salto. La mayoría de los códigos penales del mundo sigue sin contemplarlo. Y lo interesante es el origen de esta reforma: no salió de un gabinete de asesores ni de una ocurrencia legislativa de último minuto. Surgió del trabajo conjunto de colectivos que durante meses empujaron, documentaron y cabildearon hasta convencer a la LXV Legislatura. Eso también es parte de la historia y normalmente se omite.
La ley que no se conoce no protege a nadie.
La academia también está en el debate: la Escuela Libre de Derecho de Puebla organizó hace unos meses un foro sobre gobernanza digital y derechos humanos que reunió a magistrados, académicos y especialistas internacionales. Fue sin duda, una conversación necesaria. El problema es que esas conversaciones casi nunca llegan donde más hacen falta: a la adolescente de un municipio sin acceso a asesoría jurídica que no sabe que lo que le están haciendo tiene nombre y sanción, al padre que no reconoce el grooming cuando lo tiene enfrente, a la joven universitaria que aguanta el acoso digital porque cree que denunciar solo empeorará las cosas. Puebla y Tlaxcala comparten frontera, historia y lamentablemente, las mismas grietas institucionales. Los dos estados pueden presumir avances legislativos en derecho digital. Ninguno puede presumir todavía que esas leyes funcionen de verdad en el territorio.
Hay una frase que resuena cada vez que leo sobre este tema: el derecho que llega tarde llega mal. No lo digo como crítica fácil desde afuera; lo digo porque la maestra tlaxcalteca cuya imagen fue manipulada y no sabe adónde ir o la periodista poblana silenciada con una campaña de acoso coordinado en redes, no pueden esperar a que el sistema madure a su ritmo. Tlaxcala acaba de escribir una línea nueva: Puebla sigue construyendo la suya. La pregunta que queda suspendida, incómoda, es siempre la misma: ¿a quién le tocó llegar cuando la ley todavía no estaba lista?
