Los “delincuentes disfrazados de políticos” son los más peligrosos, acusa Armenta

Por Ángela Mercado / AGMedios

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó este lunes una serie de señalamientos directos contra lo que calificó como los responsables del saqueo histórico al estado: políticos y funcionarios que, aseguró, operaron como verdaderas redes delictivas desde el poder público.

Durante su conferencia matutina, el mandatario habló de un “cártel del despojo” integrado por personajes que se presentaban como empresarios o servidores públicos, pero que —según dijo— utilizaron sus cargos para desviar recursos y deteriorar las finanzas estatales. “No como el delincuente disfrazado de presidente municipal o de gobernador, con su red, con su mafia, que nos dejaron desde hace muchos años”, expresó.

Armenta señaló que estos grupos, lejos de fortalecer la economía local o apoyar a productores poblanos —como viveristas, cafetaleros o fabricantes de calzado—, impulsaron compras y contratos que generaban “moches” y beneficios personales. “En lugar de apoyar la economía local, se dedican a hacer compras que les dejan moches y saquean a Puebla”, afirmó.

El gobernador sostuvo además que la forma más dañina de delincuencia para la vida pública no proviene necesariamente del crimen organizado, sino de quienes accedieron a cargos de elección y utilizaron el poder para enriquecerse. “Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos, que después se vuelven empresarios… porque tienen el poder y engañan a la población”, afirmó.

En otro de sus señalamientos, Armenta afirmó que en administraciones anteriores Puebla se convirtió en “el estado protector del huachicoleo”, al asegurar que funcionarios públicos participaron activamente en el robo de hidrocarburos. Dijo que su administración trabaja en la recuperación de combustible robado y en desmontar las estructuras que permitieron dichas prácticas.

Las declaraciones del mandatario se suman a una serie de críticas recurrentes hacia gobiernos anteriores, a los que atribuye corrupción, endeudamiento y pérdida de recursos estratégicos para el estado.