Ocho de cada diez: el dato que nadie en las universidades de Puebla quería ver impreso.

Hay cifras que llegan como noticia y otras que llegan como confirmación de algo que todos sabían pero nadie había dicho en voz alta. El martes 15 de abril, la SEP dijo en voz alta lo que cualquier maestro universitario de Puebla y Tlaxcala ya vive de lunes a viernes: ocho de cada diez estudiantes usan inteligencia artificial para escribir sus tareas. No es estimación, no es alarma de un rector nervioso. Es la encuesta más grande levantada sobre el tema en el mundo entero: millón y medio de respuestas, más de 166 mil docentes, dos mil 900 instituciones. La Secretaría de Educación Pública se reflejó en el espejo y no pudo ver para otro lado.

Lo que se admitió y que nadie quería decir.
El titular de la SEP federal lo planteó con una frase que —hay que reconocérselo— toma cierto valor cuando se dice en un podio institucional: el reto ya no es prohibir la inteligencia artificial en las aulas, sino integrarla con criterio, con propósito, con ética real. Bien dicho. Ahora viene lo que siempre cuesta más: decir cómo, con qué normas, con qué respaldo legal para el docente que detecta el problema y para el estudiante que no sabe exactamente qué está permitido y qué no. Porque ese es el fondo del asunto; y en Puebla y Tlaxcala, ese fondo es un hoyo sin fin.

Lo que pasa en un salón cuando no hay reglas escritas.
Pregúntele a cualquier profesor de la BUAP, de la UAT o de alguna de las universidades privadas que operan entre Apizaco y Cholula qué hace cuando tiene frente a sí un ensayo que suena demasiado pulido, demasiado estructurado, demasiado limpio para ser verdad. La respuesta casi siempre viene con un suspiro primero: no hay protocolo; no hay procedimiento que los respalde si deciden actuar. No hay sanción definida que aguante una impugnación seria. Improvisan, evalúan de oído, a veces simplemente dejan pasar porque el costo de equivocarse es más alto que el costo de cerrar los ojos. Y el estudiante, del otro lado, tampoco sabe en qué terreno pisa. ¿Puede usar IA si la declara? ¿Está prohibida en todos los trabajos o solo en ciertos formatos de evaluación? ¿Qué pasa si la usa para ordenar ideas pero escribe con sus propias palabras? Nadie le ha dado una respuesta oficial que valga. Así que interpreta a su favor y reza para que nadie revise con lupa. Así se ve el vacío legal en tiempo real: no en un congreso académico, en un salón cualquier martes por la tarde.

El amparo que vale más que cualquier seminario de ética.
Hace unos meses, en la Facultad de Odontología de la UNAM, una estudiante fue suspendida cuatro meses por haber supuestamente usado IA en un examen. Fue al juzgado federal y ganó. Esto no fue porque la jueza hubiera validado hacer trampa con ChatGPT: ganó porque la universidad intentó sancionarla sin poder probarlo de forma suficiente, con normas que no estaban escritas con la claridad mínima que exige cualquier procedimiento disciplinario serio. El problema no fue la intención, fue que quisieron castigar sin haber construido antes el andamiaje jurídico que hace válida esa sanción. ¿Les suena? Debería. Es el mismo patrón que le costó al Congreso de Puebla la inconstitucionalidad del ciberasedio hace dos semanas: legislar o sancionar de prisa, sin precisión técnica para después ver cómo los tribunales regresan todo en pedazos. Y aquí hay un dato que hace el problema todavía más complicado: los detectores de IA que utilizan las instituciones académicas para identificar si un texto lo escribió una persona o una máquina generan entre 30 y 70 por ciento de falsos positivos, según la propia UNAM. Usar esa herramienta como única prueba para sancionar a alguien es, jurídicamente hablando, un desastre en construcción.

La BUAP se movió primero. Pero una agencia no es un reglamento.
Hay que reconocérselo: la BUAP no esperó instrucciones. Desde enero opera la Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica —AURA-BUAP—, con un Consejo Académico de Gobernanza que preside la rectora Lilia Cedillo y que reúne a representantes de las áreas más importantes de la universidad. La autoridad dijo algo que vale repetir: la verdadera pregunta ya no es qué puede hacer la IA, sino qué tipo de personas queremos ser en un mundo donde ella existe. Es una frase honesta y necesaria. Sin embargo, una agencia de gobernanza y una reflexión ética colectiva no le dicen a un maestro qué procedimiento seguir cuando tiene en pantalla un trabajo sospechoso. La filosofía universitaria y el derecho aplicado son dos cosas distintas: hoy la BUAP tiene más de la primera que de la segunda.

Diez acciones que todavía son intenciones.
La SEP presentó su hoja de ruta: diez acciones para ordenar el uso de la IA en la educación superior: reconocer que ya está aquí, lineamientos éticos, capacitación docente, nuevos modelos de evaluación, reducir brechas de acceso, incorporar perspectiva de género, atender el bienestar de los estudiantes que, según los propios datos de la encuesta, también recurren a estas herramientas cuando no saben a quién más preguntarle algo. Todo pertinente, todo urgente. Y hoy, sigue siendo una propuesta. Porque en México no existe todavía una regulación nacional obligatoria que diga qué puede y qué no puede hacer una universidad cuando un estudiante usa IA; cada institución interpreta sola, sanciona a su criterio y espera que nadie la lleve a un juzgado por hacerlo mal. El resultado es la misma heterogeneidad de siempre: algunas universidades reaccionan, otras ignoran y la brecha entre las dos crece mientras el debate se queda en los foros.

El número ocho de cada diez no deja lugar a interpretación: esto ya no es un problema del futuro ni un tema para el próximo seminario de fin de semestre. Está pasando ahora, en este momento, en el salón de al lado. Y la pregunta que ningún funcionario o rector quisiera responder, que le quema la lengua a cualquier maestro que lleva semanas revisando trabajos que suenan demasiado perfectos para ser reales, sigue ahí, sin moverse: ¿Cuándo van a escribir las reglas?