Operativo Enjambre golpea Puebla: cae alcalde de Esperanza y aseguran arsenal de alto poder
Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, su hermano y la exdirectora de Seguridad Pública están entre nueve detenidos vinculados por autoridades federales con una estructura dedicada al robo de carga, secuestro y extorsión en la Puebla-Veracruz.
El Operativo Enjambre llegó de lleno a Puebla. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes 7 de septiembre la detención de Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, durante un despliegue federal que incluyó 23 cateos simultáneos.
La operación fue encabezada por la FGR, SSPC y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y colaboración de autoridades estatales. En total fueron detenidas nueve personas, señaladas por su presunta vinculación con una estructura criminal que operaba principalmente sobre la estratégica carretera Puebla-Veracruz.
Entre los capturados se encuentran también Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública de Esperanza, y Manuel “N”, hermano del alcalde. Las autoridades relacionan al grupo con robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.
El tamaño del arsenal da otra dimensión al caso: fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta, además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
García Harfuch sostuvo que el operativo busca golpear no solamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales, sino también sus “posibles redes de protección”, particularmente aquellas relacionadas con el robo a transportistas, pasajeros y las extorsiones en carreteras.
Tepeyahualco, otro alcalde detenido
Harfuch vinculó además esta operación con la reciente captura de Said de Jesús “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, a quien señaló por probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Existe, sin embargo, un dato relevante: cuando la Fiscalía de Puebla informó oficialmente su captura el pasado 4 de septiembre, señaló que la orden de aprehensión estaba relacionada con abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. El señalamiento difundido ahora por el titular de la SSPC amplía el contexto criminal alrededor del edil.
El crimen toca las puertas de los ayuntamientos
Los casos de Esperanza y Tepeyahualco se suman a una sucesión de investigaciones y detenciones que han puesto bajo la lupa a gobiernos municipales poblanos.
En marzo de 2025 fueron detenidos Uruviel y Giovanni González Vieyra, entonces alcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca; posteriormente, el 29 de mayo fue aprehendido Ramiro González Vieyra, alcalde con licencia de San Nicolás Buenos Aires. Los tres integrantes de la familia enfrentaron investigaciones por distintos delitos.
En febrero de 2026 cayó también Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, después de permanecer prófugo durante meses. Posteriormente fue vinculado a proceso por secuestro exprés y extorsión agravada.
La situación se volvió todavía más delicada en julio, cuando fueron detenidos y vinculados a proceso seis directores municipales de Seguridad Pública: los responsables de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal. Las investigaciones incluyen presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, en expedientes relacionados con la protección de actividades criminales y narcolaboratorios.
Ese mismo mes, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que siete presidentes municipales se encontraban bajo investigación por posibles vínculos con grupos delictivos, aunque sus identidades fueron reservadas para no afectar las indagatorias.
En agosto se sumó la detención de Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, investigado por un presunto delito sexual contra una trabajadora del Ayuntamiento.
Ahora Esperanza vuelve a colocar el foco sobre una pregunta cada vez más incómoda: ¿hasta dónde han logrado penetrar las organizaciones criminales las estructuras municipales y, particularmente, las corporaciones encargadas de combatirlas?
La captura de alcaldes puede ser un golpe político. La detención de jefes policiacos puede ser un problema institucional. Pero cuando ambos fenómenos empiezan a coincidir en distintos puntos del estado, el verdadero desafío ya no es detener delincuentes: es impedir que el crimen encuentre oficina, placa, patrulla y protección dentro del propio gobierno.
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