Predial, política y prejuicio (con datos, no con gritos)
Directo y Sin Escalas, por Gerardo Herrera.
La escena fue predecible: Cabildo aprueba el convenio de coordinación fiscal… y en automático se desata el coro de sospechas. Que si el Estado viene por la caja, que si la autonomía municipal está en riesgo, que si esto es el principio del fin. En San Andrés Cholula, incluso, hubo quien se puso épico: “defenderemos la autonomía municipal con nuestra propia vida”. Dramático… pero poco informado.
Vamos por partes, con datos duros, no con consignas.
Primero: esto no es nuevo. El modelo de coordinación fiscal nace formalmente con la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, cuyo objetivo es claro: coordinar la recaudación entre Federación, estados y municipios, y distribuir los ingresos federales bajo reglas comunes. Desde entonces, el sistema funciona mediante convenios. No es una ocurrencia reciente, es el esqueleto financiero del país.
Segundo: el incentivo clave. El famoso 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal solo se activa cuando hay coordinación en el cobro del predial. Traducido: si el municipio se coordina, gana más dinero federal. Si no, se queda viendo cómo otros sí lo hacen.
Tercero: el tamaño del fenómeno. A nivel nacional, este esquema no es marginal. Al menos 891 municipios en 26 estados ya operan bajo mecanismos similares. No es Puebla inventando el hilo negro; es Puebla llegando tarde a una práctica extendida.
Cuarto: el rezago. El dato incómodo que nadie quiere discutir: hasta 60% de rezago en predial. Es decir, el problema no es la coordinación… es que no se está cobrando bien. Y cuando no cobras bien, dependes más. Así de simple.
Quinto: la ley no es estática. Desde 1980, la Ley de Coordinación Fiscal ha tenido decenas de reformas (más de 20 modificaciones relevantes) para ajustar fórmulas, fondos y distribución de recursos. No es un dogma; es un instrumento que ha evolucionado para incentivar recaudación y equilibrar el federalismo fiscal.
Ahora, lo que nadie quiere decir en voz alta: la coordinación no quita autonomía. La propia ley establece que los municipios administran libremente sus participaciones. Es decir, el dinero sigue siendo municipal. Lo que cambia es cómo se cobra, no quién decide en qué se gasta.
¿Tiene límites? Sí, y ahí está lo serio:
- Depende de la capacidad administrativa del estado (si el estado es ineficiente, arrastra al municipio).
- Puede generar tensiones políticas (como ya vimos).
- Exige transparencia real, no discursos.
- Y obliga a los municipios a profesionalizarse, algo que a muchos les incomoda más que cualquier “intromisión”.
Pero seamos francos: el mayor problema aquí no es técnico, es político. Se construyó una narrativa antes de explicar la herramienta. Falló la comunicación. Y cuando la comunicación falla, entra la sospecha… y luego el grito.
Lo paradójico es que esta decisión, bien operada, beneficia directamente al municipio. Más recaudación, más participaciones, más margen de maniobra. Y aquí hay un actor clave: Pepe Chedraui. Porque si esto funciona, quien debe capitalizarlo es él. Y, sin embargo, ha optado por el bajo perfil. Quizá porque entiende algo que muchos no: en política fiscal, el reflector quema más de lo que ilumina.
Al final, lo que vimos no fue un debate técnico, fue un reflejo político: juicios apriori, alarmismo y poca lectura de fondo. Y sí, también falta calle… y mejores asesores.
Porque una cosa es defender la autonomía municipal… y otra muy distinta es confundir autonomía con ineficiencia.
Y ahí, más que consignas, hacen falta números.
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