¿Quién pone a los malos policías?
Por Jorge Castillo
Siete secretarios o directores de Seguridad Pública municipales detenidos en Puebla en los últimos meses, es una señal de alerta.
Y es que habría que revisar quién los nombró, quién los recomendó y qué filtros utilizaron los ayuntamientos antes de ponerlos al frente de las corporaciones.
En julio fueron detenidos los directores de Seguridad de Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Jopala, Tlaola y Tlapacoya, señalados por la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos relacionados con omisiones, encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
Tras estos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumió el control operativo de esos seis municipios.
Después vino Atlixco.
Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana, fue detenido y enfrenta acusaciones por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Corresponde a las autoridades determinar su responsabilidad y debe respetarse la presunción de inocencia mientras continúa el proceso.
Pero, Hernández Pacheco no llegó por accidente al cargo.
En octubre de 2024, la presidenta municipal decidió ratificarlo a capa y espada como secretario de Seguridad para su segundo periodo de gobierno.
Y defendió la decisión con base en los resultados que, según declaró entonces, había entregado durante los tres años anteriores.
En ese momento también estaba sobre la mesa la posibilidad de incorporar a un mando de la Secretaría de Marina.
Sin embargo, la decisión fue mantenerlo.
La alcaldesa habló de reforzar la estrategia con participación de la Marina, pero el titular de Seguridad municipal siguió siendo el mismo.
Hoy, después de su detención, esa decisión merece ser revisada.
Esto no significa que Ariadna Ayala sea responsable de los delitos que se le imputan a su exsecretario.
Pero ¿a poco no sabia nada de su proceder?
Si no es así que mal.
Pero si es así, peor.
Aunque no hay elementos para afirmarlo.
Lo que sí existe una responsabilidad política que debe explicarse.
Por qué se decidió ratificarlo, qué información tenía el Ayuntamiento y qué evaluaciones se realizaron antes de mantenerlo en el puesto.
Y el asunto no debería quedarse únicamente en Atlixco.
Los casos acumulados obligan a revisar el mecanismo de selección de los responsables de seguridad municipal.
Hay que saber qué antecedentes se revisan, qué certificaciones se solicitan, quién recomienda a los mandos, qué información comparten el Estado y los ayuntamientos y qué sucede cuando existen señales de alerta sobre algún funcionario.
El gobernador Alejandro Armenta ha sido contundente: no habrá impunidad y la ley debe aplicarse sin importar quién sea el involucrado.
Ese mensaje debe mantenerse hasta sus últimas consecuencias.
La investigación no puede terminar con la detención de un mando policial.
Si se demuestra que un funcionario actuó por cuenta propia, tendrá que responder por ello.
El problema no solamente está en los nombres de los secretarios detenidos, sino en la capacidad de los ayuntamientos para construir instituciones de seguridad confiables.
El mensaje de Armenta de que la ley se aplica “sea quien sea” debe incluir a todos los niveles.
La advertencia fue clara, pronto habrá más noticias.
Tiempo al tiempo.
