SEP Puebla: décadas de negocio, la auditoría apenas raspa la superficie

Directo y Sin Escalas, por Gerardo Herrera

Hay cifras que no son noticia: 300 plazas irregulares recuperadas, más de 40 funcionarios destituidos, al menos seis o siete denuncias penales en curso. No es limpieza administrativa. Es el destape de un sistema que durante años operó como lo que siempre fue —y nadie quiso admitir—: un mercado paralelo de plazas.

Los datos recientes no dejan espacio a la ingenuidad. En marzo, la propia SEP reconoció la destitución de 30 funcionarios por irregularidades en la asignación de plazas, en distintos niveles de la estructura, desde delegaciones hasta áreas centrales . Un mes antes, el gobierno estatal ya había separado a 10 servidores públicos por corrupción vinculada directamente con la entrega de plazas docentes y administrativas . Y esto no surgió de la nada: es el resultado de una auditoría que revisa entre 2,300 y 7,000 plazas, con la posibilidad de escalar a un universo mucho mayor .

Pero lo verdaderamente incómodo no está en las cifras actuales, sino en lo que revelan hacia atrás. Durante años —documentado en notas, columnas y reportes académicos— el acceso a una plaza docente en Puebla dejó de ser un proceso meritocrático para convertirse en un circuito informal donde intervenían funcionarios, intermediarios y estructuras sindicales. No es una acusación ligera: especialistas han señalado que docentes y personal administrativo recurrían a pagos irregulares o influencias para ingresar o mejorar su carga laboral, mientras otros quedaban fuera del sistema .

La perversión del modelo fue más allá. Las plazas se volvieron atractivas no solo por el salario, sino por lo que representan: estabilidad de por vida y acceso a pensión. Ese incentivo convirtió el sistema educativo en terreno fértil para prácticas como la venta, herencia o asignación discrecional de plazas, aun cuando formalmente estaban prohibidas . Resultado: aulas sin maestros reales… pero nóminas completas.

Y mientras esto ocurría, el discurso institucional cambiaba de nombre, pero no de fondo. Administraciones iban y venían, titulares rotaban —algunos con señalamientos, otros simplemente rebasados—, pero el mecanismo seguía intacto. La propia autoridad lo terminó admitiendo en 2026: la SEP se había convertido en un “espacio para la corrupción” . No lo dijo un crítico. Lo dijo el poder.

El caso actual —300 plazas, expedientes incompletos, personas que no trabajaban e incluso registros de fallecidos— no es una anomalía. Es la evidencia de que el sistema no se descompuso: funcionaba exactamente así. Un engranaje donde cada actor sabía su papel.

Hoy se habla de reasignación, de depuración, de auditoría. Bien. Pero la historia obliga a desconfiar de los cortes de caja apresurados. Porque este no es un problema de funcionarios aislados, es un modelo institucional que permitió, toleró y en algunos casos incentivó la corrupción durante décadas.

Y mientras no se rompa esa lógica —la del favor sobre el mérito, la del contacto sobre la capacidad—, cualquier auditoría será apenas un parche en una estructura que lleva años aprendiendo a sobrevivir.

Aquí no basta con limpiar las injusticias.
Aquí hay que reconstruir desde los cimientos.