Simón Levy lanza acusaciones contra políticos de Oaxaca por caso María Elena Ríos y promete revelar audios
El empresario cuestionó la investigación contra Juan Antonio Vera Carrizal, lanzó señalamientos contra exautoridades y funcionarios, y retó públicamente a la saxofonista a confrontar sus supuestas pruebas. La polémica estalla un día después de que la Suprema Corte atrajera el expediente.
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.– Simón Levy volvió a colocarse en el centro de la controversia política y judicial al difundir una serie de graves acusaciones relacionadas con el ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, en septiembre de 2019, y el proceso penal contra el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión.
A través de su cuenta de X, Levy aseguró tener acceso a audios y otros materiales que, según su versión, cuestionarían la investigación del caso. También atribuyó presuntas irregularidades a figuras políticas de Oaxaca, entre ellas el exgobernador Alejandro Murat y el actual mandatario estatal, Salomón Jara Cruz, e insinuó una intervención política en el desarrollo del procedimiento judicial.
Entre sus señalamientos más delicados, Levy afirmó que existió una presunta exigencia millonaria para evitar involucrar a Vera Carrizal en el caso y sostuvo que la agresión habría sido cometida por una persona distinta de las señaladas en el expediente. Sin embargo, no se cuenta con elementos independientes que acrediten esas afirmaciones, ni con un análisis pericial que permita establecer la autenticidad, integridad y contexto de los audios a los que hizo referencia.
El empresario también involucró en sus declaraciones a la dirigente morenista Citlalli Hernández Mora y formuló acusaciones personales contra María Elena Ríos. Estas versiones no están corroboradas y, hasta el momento, no constituyen conclusiones judiciales. Levy anunció que buscará presentar públicamente los materiales que asegura poseer y lanzó un reto a la saxofonista para debatir sobre el caso.
La nueva controversia surge apenas 24 horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera atraer los amparos relacionados con el proceso penal. El 19 de octubre, por siete votos contra uno, el Pleno aceptó revisar la disputa jurídica originada por la anulación de un fallo absolutorio a favor de Vera Carrizal y otros acusados.
El caso se remonta al 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue atacada con ácido en Huajuapan de León, Oaxaca, agresión que le causó lesiones graves y requirió un prolongado proceso de atención médica. La saxofonista ha señalado a su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, como presunto autor intelectual, acusación que forma parte del proceso judicial.
En agosto de 2024, un juez emitió un fallo absolutorio a favor de los acusados, pero la resolución fue posteriormente anulada por una jueza sustituta, quien ordenó reponer el juicio. Esa decisión generó una controversia sobre las garantías del debido proceso y las facultades de una persona juzgadora que no presenció directamente el desahogo de las pruebas.
La Suprema Corte no decidirá directamente quién cometió la agresión, sino si fue legal dejar sin efecto la absolución y ordenar la reposición del juicio. La distinción es fundamental ante las afirmaciones de Levy sobre una supuesta intervención irregular del máximo tribunal: su competencia para revisar el asunto deriva del ejercicio de la facultad de atracción aprobado por sus integrantes.
Por su parte, María Elena Ríos ha expresado públicamente su esperanza de que la revisión judicial permita esclarecer las irregularidades que denuncia y avanzar en el acceso a la justicia. En entrevistas recientes también ha manifestado preocupación por su seguridad y por presuntas acciones de hostigamiento relacionadas con el caso.
El nuevo frente abierto por Simón Levy plantea una pregunta central: ¿presentará documentación verificable que sustente sus acusaciones o sus declaraciones quedarán en el terreno de la confrontación pública? Mientras no se acrediten los materiales anunciados y las autoridades competentes no determinen su alcance, las imputaciones permanecen como afirmaciones del empresario, ajenas a los hechos probados del expediente.
El caso de María Elena Ríos continúa siendo uno de los procesos judiciales más observados en México por sus implicaciones en materia de violencia ácida, derechos de las víctimas, presunción de inocencia y garantías del debido proceso.
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octubre 20
