Tu internet es lento porque alguien decidió que lo fuera
Por Osvaldo Hernández Olivera
Abogado en Derecho Informático | Opinión Legal sobre Tecnología y Futuro
La neutralidad de la red es un principio consagrado en México. Las operadoras lo violan todos los días. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo sabe, lo documenta y en esencia, no puede detenerlo.
Hay una conversación que se repite en casi cualquier reunión familiar en México: alguien se queja de que Netflix carga lento justo cuando empieza la película, pero WhatsApp y las redes sociales del operador funcionan sin problema; todos asienten, nadie sabe explicarlo del todo. Pues bien, tiene explicación jurídica: se llama throttling, es una práctica que viola el principio de neutralidad de la red consagrado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y las empresas que la aplican no han enfrentado una sola sanción efectiva que haya cambiado su conducta.
Qué significa que el internet sea neutral y por qué no lo es.
La neutralidad de la red es la obligación que tienen los operadores de telecomunicaciones de tratar todos los paquetes de datos de la misma forma, sin discriminar por origen, destino, aplicación o contenido. En términos simples: si usted paga por diez megas de internet, tiene derecho a recibir diez megas para YouTube, para su banco en línea, para el periódico que lee y para el servicio de streaming que elija, no solo para los que su operador prefiere.
El artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece ese principio con claridad. El IFT emitió en 2014 los lineamientos de neutralidad de la red que lo desarrollan. Todo está escrito, el problema, como suele ocurrir en el derecho mexicano, no es lo que dice la norma. Es lo que pasa después de que se viola.
Throttling y zero-rating: los dos nombres de la misma trampa.
El throttling es la práctica de reducir deliberadamente la velocidad de ciertos servicios o aplicaciones, no de todo el internet: solo de los que el operador decide ralentizar. Netflix va lento, Spotify se corta, la videollamada de trabajo pixelada. Pero la red social propia del operador o la plataforma con la que tiene acuerdo comercial, funciona perfecta. Eso no es casualidad técnica: es una decisión de ingeniería de red motivada por intereses económicos. El zero-rating es el complemento: ciertos servicios no consumen datos del plan contratado; en apariencia es un regalo. En realidad es una distorsión del mercado: el operador decide qué aplicaciones compiten en igualdad de condiciones y cuáles arrancan con ventaja.
Si WhatsApp no consume datos pero Signal sí, el usuario que tiene un plan limitado va a usar WhatsApp aunque prefiriera otra cosa. El operador acaba determinando qué aplicaciones sobreviven y cuáles desaparecen por inanición de tráfico.
El IFT ha documentado ambas prácticas: en sus informes anuales de monitoreo de neutralidad hay registros de throttling selectivo por parte de operadores dominantes. Lo que no hay —o lo que ha sido insuficiente— son sanciones que duelan. Multas que obliguen a cambiar la conducta, no solo a pagarlas y continuar.
El regulador que puede ver pero no siempre puede tocar.
El IFT no es una institución inactiva: tiene competencia técnica, tiene cuerpos de monitoreo, tiene facultades sancionadoras en papel. El problema es estructural: regular a Telcel —que controla más del 60% del mercado móvil— o a Telmex —que domina la fibra fija en buena parte del país— implica enfrentarse a una empresa que tiene más recursos legales, más abogados y más capacidad de dilatar procesos administrativos que la propia institución que la regula. Ese desequilibrio no es un accidente del diseño institucional: es una constante en la regulación de telecomunicaciones en toda América Latina. Lo que lo hace especialmente grave en México es la concentración extraordinaria del mercado. En la mayoría de los países con regulación efectiva de neutralidad de la red —los Países Bajos, Noruega, Eslovenia—, hay varios operadores compitiendo de verdad. Cuando uno viola la neutralidad, los usuarios se van a otro. En México, en amplias zonas del territorio, no hay adónde ir.
Hay colonias enteras en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, donde el único proveedor de internet disponible es el que practica throttling. Para esos usuarios, la neutralidad de la red es un derecho que existe en el Diario Oficial y no existe en su pantalla. Y la LFT, con toda su competencia técnica, no puede crear competencia donde no hay infraestructura alternativa.
Lo que tendría que cambiar para que el principio no sea decorativo.
La primera respuesta obvia es más músculo sancionador: multas más altas, plazos más cortos, menos margen para dilatar procedimientos en tribunales. Eso es necesario pero insuficiente si no va acompañado de algo más estructural: la obligación de transparencia activa sobre prácticas de gestión de tráfico. En la Unión Europea, el Reglamento de Neutralidad de la Red —el 2015/2120— obliga a los operadores a publicar información verificable sobre sus prácticas de gestión de tráfico. El usuario puede saber, antes de contratar, si su operador aplica throttling y en qué circunstancias. En México no existe esa obligación. El operador puede ralentizar sus servicios digitales y el usuario no tiene forma legal de saberlo, ni de probarlo sin instrumentos técnicos especializados que no están al alcance de la mayoría.
La segunda es la que nadie quiere nombrar porque implica hablar de dinero público en infraestructura: mientras haya zonas del país donde solo hay un operador, la neutralidad de la red va a ser un privilegio de quienes viven donde hay competencia real. La conectividad universal no es solo un proyecto de equidad social: es el presupuesto sin el cual los derechos digitales son letra muerta para millones de mexicanos.
