Xoxtla y la verdadera privatización del agua
Por Ignacio Ángel Juárez
El agua es un tema político. Su uso, su control, su administración y hasta su saqueo terminan siempre en un problema político y social. Es, además, el tema más antipopular en el que pocos gobiernos y políticos se atreven a intervenir.
El uso político del agua resulta en una mina de oro electoral, pero también en una basta fuente de ingresos para apuntalar redes de corrupción y enriquecimiento ilícito. Suspender su servicio conlleva al cobro de facturas en las urnas o en el semillero de movimientos de presión social puestos en charola de plata para los oportunistas y/o carroñeros político-sociales que ven la oportunidad de obtener prebendas.
Ejemplos existen por doquier, pero hay un caso reciente que llama la atención: San Miguel Xoxtla.
Al igual en cientos de municipios en el estado, en Xoxtla operaba bajo un arcaico y poco eficiente sistema para la extracción y suministro de agua: los Comités de Agua Potable, los cuales están integrados por los mismos pobladores de las comunidades, quienes en teoría deben surgir democráticamente y su responsabilidad es hacer un eficiente manejo de los recursos que se obtienen de las cuotas que pagan los ciudadanos para construir la infraestructura, pagar los servicios necesarios para la operatividad y llevar el servicio a todos.
Reitero: teóricamente estos comités son producto de un modelo democrático y de autogestión comunitaria.
La realidad es muy diferente. Los Comités Municipales se han convertido en una de las más peligrosas prácticas de privatización del agua a manos de un grupúsculo de pobladores que han sabido aprovechar el poder económico, político y social que deja el agua para manipular a su conveniencia y doblar a las autoridades municipales que, también en teoría, están obligadas a supervisarlos y sancionarlos en caso de que no cumplan con su encomienda.
Se trata de una privatización lisa y llana porque estos grupúsculos usufructúan concesiones emitidas a favor del Ayuntamiento y/o instituciones gubernamentales. El pozo desde donde extraen el agua no es suyo ni de la comunidad -aunque así se haya pensado erróneamente toda la vida.
En los hechos, estos comités no rinden cuentas a nadie sobre los millonarios ingresos que recaudan de un pozo propiedad del municipio. Tampoco son sometidos a auditorías sobre el servicio que ofrecen o la calidad del agua que llevan a las viviendas. Cuando una autoridad pretende meter orden, los lidercillos optan por la vía más sencilla: hacer uso de su poder económico y de penetración social para alebrestar a la comunidad o seducir con jugosas dádivas.
Por si eso no fuera poco, las peleas al interior de los pueblos por el control de los comités han derivado en luchas intestinas irresolubles. Las elecciones, como entenderá, están amañadas y difícilmente son un ejercicio democrático. Gana el que compre más conciencias y ofrezca más condonación de deudas.
Esto ha llevado a que, en dos décadas, el servicio de agua potable en San Miguel Xoxtla haya sido rehén de intereses particulares. En lugar de una gestión institucional del líquido, el servicio fue controlado por comités “ciudadanos” que operan como cajas chicas de liderazgos locales, quienes recaudaban recursos sin reinvertir un solo peso en infraestructura o mantenimiento.
Un dato adicional: Los comités de agua solo ofrecen el servicio de abasto de agua, pero no su recolección ni saneamiento, lo que los convierte en copartícipes de la contaminación de afluentes por una sola razón: la evasión total de responsabilidad.
Al llegar al gobierno municipal, la actual presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, anunció un ambicioso plan integral para atender el problema de raíz en la extracción, suministro y saneamiento del líquido.
La iniciativa fue respaldada en su totalidad por el gobierno del estado, ya que parte de un objetivo medular: soluciones reales y estructurales al problema del agua en Xoxtla. Sí, leyó bien, soluciones reales, no el mundo idílico que pseudo ambientalistas proponen sin sustento científico o técnico.
Al contar con el respaldo de las autoridades estatales, se instaló una comisión que aplicara una revisión integral a los equipos hidromecánicos de los pozos y a la red de distribución.
El punto toral fue el equipamiento el pozo número dos, conocido como La Luz, que es el más importante punto abastecedor de agua. Ahora tendrá mejoras por su ampliación, equipamiento y conexión.
Mientras los trabajos se llevan a cabo, la población tendrá acceso al servicio de dotación a través de pipas, además de los trabajos de desazolve.
¿Cómo se logró esto? Con mesas de trabajo, diálogo y acuerdos en común en el que se pusieron por delante los intereses del municipio por parte del Ayuntamiento de Xoxtla, gobierno del estado y la empresa Agua de Puebla para Todos, que tiene acceso al 50 por ciento del liquidoextraído, a través del Soapap.
Sin embargo, este plan de corregir el problema de raíz se topó con un grupo de pseudo ambientalistas, activistas y pobladores que durante décadas han vivido de los millonarios ingresos que han dejado los comités de agua potable o de la extracción ilegal de agua potable, conocido como huachicol del agua.
Los primeros reportes indican que los cabecillas, en realidad, son operadores políticos con intereses económicos en el control del sistema. El principal operador que fue reclutado es José Juan Flores Solís, quien ha hecho de la región del Ixta-Popo su principal centro de operaciones y le ha arrojado jugosos beneficios.
Los opositores al proyecto, encabezados por Flores Solís, se han montado en un falso discurso ambientalista y plantear el peor de los escenarios: la agudización de la sobreexplotación de los acuíferos de la región.
En el discurso del miedo encontraron su otra mina de oro, pero los datos duros y verificables los contradicen. Por ejemplo, aseveran que habrá un desabasto por la extracción del líquido por parte de la empresa Agua de Puebla, pero en realidad el 80 por ciento del agua extraída en el acuífero de Puebla-Tecamachalco (al que pertenece Xoxtla) se destina a uso agrícola y de ese monto se estima que 7 de cada 10 metros cúbicos se desperdician por un sistema de riego ineficiente.
El uso doméstico que tanto preocupa a estos falsos ambientalistas representa solo el 11 por ciento del total del agua extraída. Esto significa que la verdadera amenaza para el acuífero no es el consumo urbano regulado, sino la extracción ilegal, tolerada durante años en desarrollos urbanos irregulares, con la complicidad de piperos, autoridades municipales y fraccionadores.
Curiosamente, los mismos “activistas” que hoy alientan la rebelión con el discurso del miedo no han dicho una sola palabra sobre ese saqueo hídrico, del cual Xoxtla también ha sido víctima indirecta.
Esto los ha llevado a pretender crear un conflicto y disfrazarlo en una causa social que, en realidad, sólo busca conservar privilegios y negocios personales.
Convocan marchas, siembran división, acusan sin pruebas y manipulan la información. Su lucha no es por el agua, sino por el poder que otorga su control. La campaña de desinformación desplegada incluye un bloqueo este jueves 22 de mayo de la autopista México-Puebla.
En realidad, este movimiento opositor ha servido para que salgan a la luz los verdaderos cabecillas, quienes mantener intacto su principal mina de oro (económica y de poder).
Además, exhibió que mientras unos marchan para conservar prebendas, otros trabajan para que el agua deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado.
