1,500 denuncias por ciberasedio no procedieron de 2024 a 2025 por falta de marco legal: José Luis García Parra
Puebla, Pue., 18 de junio de 2025 — El coordinador de gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, informó que entre 2024 y lo que va de 2025, la Fiscalía General del Estado recibió más de 1,500 denuncias por ciberacoso que no pudieron ser judicializadas, debido a la ausencia de una ley que sancionara estas conductas de manera específica.
“Antes de esta ley no se pudo judicializar ninguna carpeta por estos delitos, por no estar tipificados ni justificados en la legislación. Solo se judicializaron dos casos, pero por otros delitos distintos al ciberacoso”, explicó el funcionario en conferencia de prensa.

Recordó que Puebla ocupa el quinto lugar nacional en ciberdelitos, lo cual hace indispensable contar con un marco legal que proteja a las personas frente a las violencias digitales. En ese sentido, destacó que la recientemente aprobada Ley de Ciberasedio tiene como objetivo garantizar la seguridad digital y los derechos de las personas en el ciberespacio.
“Esta ley busca cuidar y proteger a todos, especialmente frente al bullying en redes sociales que, en algunos casos, ha derivado en tragedias como el suicidio”, señaló.
La libertad de expresión no está en riesgo
García Parra fue enfático al aclarar que la Ley de Ciberasedio no está relacionada con la libertad de expresión, y desmintió que se trate de una herramienta para censurar o limitar el trabajo periodístico.

Citando los recientes pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de revisar marcos legales que podrían criminalizar la libertad de expresión, el funcionario reiteró que en México no se busca limitar el derecho a criticar ni cuestionar a los servidores públicos.
“Es absolutamente falso que esta ley impida señalar la omisión, corrupción o falta de resultados de un servidor público. Todos los funcionarios tenemos la obligación de rendir cuentas y ser transparentes”, afirmó.
Con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con una ciudadanía informada, protegida y libre de violencias digitales.









