Puebla cierra filas con Sheinbaum: Congreso avala frenar elección judicial y filtrar candidatos
- El Congreso de Puebla respaldó la propuesta de Claudia Sheinbaum para aplazar la elección judicial de 2027 y crear filtros contra candidaturas ligadas al crimen organizado.
Itzeli Zamora
El Congreso del Estado de Puebla respaldó las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar el proceso de elección judicial y endurecer los mecanismos de revisión de candidaturas ante posibles vínculos con grupos delictivos.
El presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, informó que las propuestas federales podrían llegar al Legislativo poblano el próximo 29 de mayo, con el objetivo de armonizar las leyes estatales conforme a las reformas electorales y judiciales promovidas desde el gobierno federal.
La iniciativa contempla aplazar la segunda elección judicial prevista para 2027 hasta junio de 2028, además de crear una Comisión de Verificación de Integridad dentro del Instituto Nacional Electoral, organismo que tendría facultades para investigar y vetar perfiles con presuntos nexos con el crimen organizado.
Pável Gaspar respaldó la implementación de estos “candados” al señalar que los partidos políticos deberán asumir mayor responsabilidad en la selección de perfiles que aspiren a cargos públicos. “Debemos tener mucho cuidado cuando lleguen los tiempos electorales”, declaró el legislador al advertir sobre la necesidad de evitar la infiltración criminal en candidaturas.
La propuesta federal aparece en medio de un clima nacional marcado por señalamientos sobre la posible participación de perfiles ligados a grupos delictivos en procesos electorales locales y federales. El debate también ocurre mientras continúa la discusión nacional sobre la elección de jueces y magistrados, una de las reformas más polémicas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.
De concretarse los cambios, Puebla tendría que modificar su legislación electoral y judicial para alinearse al nuevo modelo federal, abriendo además una discusión política sobre los límites de supervisión, los criterios de integridad y el papel del INE en la revisión de aspirantes a cargos públicos.
