Puebla registra 70% de cumplimiento en declaración patrimonial
Itzeli Zamora
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, Alejandro Espidio Reyes, informó que el avance en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses alcanza el 70% de un universo de 120 mil servidores públicos en el estado.

El funcionario exhortó al 30% restante a cumplir con esta obligación antes del próximo 31 de mayo, fecha límite establecida para realizar el trámite, principalmente docentes y personal del área de seguridad, sectores donde se registra el mayor rezago.
Recordó que la declaración patrimonial es un proceso obligatorio para todos los servidores públicos y debe realizarse a través del portal oficial https://declaraNet.puebla.gobierno.mx

Para ingresar, los trabajadores deberán registrarse como nuevos usuarios o, en caso de contar con un registro previo, tener a la mano su CURP y contraseña. Posteriormente deberán seleccionar el tipo de declaración correspondiente: inicio, conclusión o modificación.
Durante el proceso será necesario capturar datos relacionados con el cargo, nivel jerárquico e información patrimonial, dependiendo del tipo de declaración:

Declaración Simplificada: dirigida al personal operativo, administrativo o de menor jerarquía, con menor nivel de detalle sobre bienes e ingresos.
Declaración Completa: obligatoria para mandos medios y superiores, quienes deberán reportar ingresos, bienes, inversiones, adeudos y cuentas bancarias.
Una vez concluido el trámite, los usuarios deberán firmar electrónicamente con su CURP, imprimir el acuse y entregarlo al Órgano Interno de Control (OIC).
Entre las recomendaciones para evitar errores en la plataforma, se pidió no utilizar acentos ni signos de puntuación, capturar cantidades enteras sin centavos y guardar la información en cada apartado.
Asimismo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recordó que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellas:
Amonestación pública o privada; Suspensión del cargo de 1 a 30 días; Destitución del puesto o hasta Inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos.







