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Armenta descarta limitar libertad de expresión con nueva Ley de Ciberasedio

  • junio 17, 2025
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Armenta descarta limitar libertad de expresión con nueva Ley de Ciberasedio

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la Ley de Ciberasedio recientemente aprobada no tiene como objetivo coartar la libertad de expresión, sino proteger a la población ante nuevas formas de violencia ejercidas a través de plataformas digitales.

En entrevista posterior a la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal, el mandatario estatal subrayó que “no hay prejuicio alguno ni intención de censura” contra periodistas, comunicadores o cualquier ciudadano que ejerza su derecho a opinar. Recalcó que ha sido servidor público por más de tres décadas y que siempre ha comprendido el papel fundamental de los medios en una democracia.

“Tengan la plena certeza de que así como vigilamos y cuidamos a los niños, mujeres y madres buscadoras, con ese mismo rigor defenderíamos el caso de cualquier acto que violentara el derecho a las libertades de ustedes”, expresó Armenta.

La Ley de Ciberasedio establece sanciones de hasta tres años de prisión y multas de entre 5 mil 650 y 28 mil 250 pesos para quien utilice medios digitales para insultar, injuriar, acosar o chantajear de forma reiterada. El gobernador argumentó que esta legislación responde a la realidad actual, donde el 75 % de la población usa redes sociales y está potencialmente expuesta a agresiones sin marco legal claro para su protección.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la legislación mediante el diálogo plural. Anunció que las y los diputados del Congreso local organizarán foros públicos junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, colectivos ciudadanos, asociaciones de padres de familia y colegios de abogados para enriquecer la norma.

“Felicito a las diputadas y diputados. Estoy seguro de que estos foros permitirán exponer el impacto, los beneficios y enriquecer las normas legales correspondientes”, concluyó.

Con esta nueva ley, el Gobierno del Estado busca cerrar brechas legales frente a delitos como la corrupción de menores, la trata de personas y el acoso digital, sin vulnerar los principios democráticos de libertad de expresión y derecho a la información.


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