CEEAVI Puebla separa a funcionarias tras filtración de audio que apunta a presunto cobro ilegal a personal recién contratado
Por Alonso Nava / AGMedios
Puebla, Pue.— Tras la difusión de un audio en el que presuntamente una servidora pública solicita dos mil pesos a una persona recién contratada como “cooperación”, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) confirmó la separación del cargo de dos funcionarias y el inicio de investigaciones internas por posibles actos de corrupción.
El hecho provocó una serie de publicaciones y cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó a la dependencia a emitir un comunicado oficial para precisar su postura y detallar las acciones emprendidas.
Dos funcionarias fuera de la institución
De acuerdo con la información oficial, desde la semana pasada la CEEAVI dejó de contar con los servicios de Lorena Medel García, quien fungía como directora de Asesoría Jurídica y provenía de la administración estatal anterior. La Comisión aclaró que Medel ya no forma parte del equipo y que su salida ocurrió antes de que estallara el señalamiento público.
Asimismo, la ex asesora jurídica Carolina Botello Baltazar, señalada en diversas publicaciones como protagonista del presunto cobro indebido, también fue separada definitivamente de la institución. La CEEAVI precisó que la desvinculación de Botello obedece a causas internas, pero reconoció que la difusión del audio detonó la necesidad de puntualizar su postura y avanzar en las pesquisas.
Nuevas acusaciones internas: presiones políticas y manipulación digital
Sin embargo, el caso tomó un giro adicional luego de que la propia Carolina Botello revelara presuntas prácticas irregulares dentro de la institución. De acuerdo con su testimonio, el personal habría sido obligado a dar “likes” y realizar comentarios positivos en publicaciones oficiales de la Comisión bajo advertencias de posibles represalias. Según Botello, se llevaba incluso un registro del desempeño digital de cada trabajador para evaluar quién participaba y cómo lo hacía.
Botello también aseguró que la entonces directora Lorena Medel solicitó a integrantes del equipo afiliar personas al partido Morena, una acusación que, de comprobarse, implicaría el uso de recursos institucionales para fines político-partidistas, algo expresamente prohibido por la normatividad en materia de función pública.
Ni Medel ni la CEEAVI han respondido públicamente a estas nuevas declaraciones.
Investigación formal por presuntos actos de corrupción
Tras la publicación del audio y los nuevos señalamientos, la Comisión informó que inició de inmediato investigaciones internas. Los expedientes ya fueron turnados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al Órgano Interno de Control, para su análisis y eventual resolución.
La institución subrayó que su actuación se rige bajo principios de cero tolerancia a la corrupción, legalidad y ética pública, y aseguró que cualquier conducta irregular será sancionada conforme a la ley.
Entre acusaciones cruzadas y la exigencia de claridad
En su comunicado, la CEEAVI acusó que algunas versiones difundidas en redes sociales han sido “injustificadas y calumniosas”, aunque reconoció que los hechos ameritan una investigación profunda y una aclaración institucional.
El caso ha reavivado la discusión sobre los mecanismos de vigilancia interna, la profesionalización del personal y la necesidad de blindar las áreas de atención a víctimas contra prácticas que desvirtúan su misión fundamental: garantizar derechos, no vulnerarlos.
La Comisión concluyó reiterando su compromiso con la verdad, la integridad y la transparencia, mientras las instancias de control avanzan en la revisión del caso.
AGMedios solicitará información adicional para conocer el avance de las investigaciones y posibles sanciones en los próximos días.
Contexto: un caso que enciende alertas
La CEEAVI es una dependencia creada para acompañar a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, por lo que cualquier señalamiento de cobros indebidos o presiones económicas internas genera preocupación adicional. En administraciones pasadas, organizaciones civiles ya habían advertido sobre prácticas discrecionales al interior de algunas oficinas, aunque sin denuncias formales que avanzaran en instancias de control.
El episodio revive el debate sobre la profesionalización del personal, los mecanismos internos de vigilancia y la necesidad de blindar las áreas de atención a víctimas frente a actos que vulneran su función esencial: garantizar derechos, no lucrar con ellos.
La Comisión cerró su mensaje reiterando su compromiso con la verdad, la integridad y la transparencia, y aseguró que dará seguimiento puntual a las indagatorias iniciadas.
