Corrupción institucional: Huesos podridos que romper
Mirada de Mujer, por Ángela Mercado.
La corrupción en México no se elimina con recetas de cocina: se desmantela con verdades incómodas, acciones contundentes y justicia sin piedad. Si existiera una fórmula infalible, ya la habríamos servido en bandeja. Pero la podredumbre está en los cimientos mismos de nuestras instituciones y se alimenta de impunidad y complicidad.
Este 28 de julio de 2025, un caso más se sumó al largo expediente de la descomposición institucional: fue detenido Alejandro Macuil Tlahuetl, comandante de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas en Puebla. Su aprehensión se llevó a cabo a las 9:43 de la mañana por elementos ministeriales, justo a las afueras de la FGE. Las acusaciones, aunque aún no detalladas oficialmente, apuntan a su presunta protección a un delincuente conocido como El Patuleco y al entorpecimiento deliberado de investigaciones sensibles.
Para colectivos como Voz de los Desaparecidos, su detención no es una sorpresa: durante años lo señalaron como responsable de frenar o enterrar investigaciones. Carpeta que tocaba, caso que se congelaba. Pero no era el único.
La propia fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reconoció recientemente en rueda de prensa que la Fiscalía está infiltrada por el crimen organizado. Reveló que hay al menos ocho carpetas abiertas contra funcionarios de la institución y que se han registrado varias renuncias forzadas. Una afirmación explosiva, pero necesaria. Porque si desde la cabeza se admite la infección, ya no cabe el discurso de “casos aislados”.
Y esto no es nuevo. Cabe recordar que en 2015 fueron detenidos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, entonces director general de la Policía Estatal y jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), respectivamente. Ambos fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional custodiando, a bordo de una patrulla oficial, una camioneta repleta de gasolina robada en Tepeaca. El escándalo fue tal que Facundo Rosas Rosas, entonces secretario de Seguridad Pública de Puebla, renunció dos meses después. No por dignidad, sino por presión. Y, si se me permite, demasiado tarde.
Otros casos recientes también pintan de cuerpo entero este fenómeno:
En mayo de 2021, Juan Carlos Romero Abraham, jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal en Esperanza, fue detenido con más de 300 dosis de droga y un arma.
En 2022, tres ex policías estatales fueron aprehendidos por secuestro agravado. Usaban su autoridad para interceptar y extorsionar civiles.
Y en este mismo año, el gobierno estatal de Puebla ha reportado la apertura de 478 investigaciones por corrupción contra servidores públicos, de las cuales 36 ya derivaron en sanciones administrativas, inhabilitaciones y destituciones.
La lista crece, y lo más grave es que ya no hablamos de manzanas podridas: el árbol entero está enfermo. ¿Qué más tiene que pasar para entender que el uniforme no puede seguir siendo escudo de impunidad? ¿Qué necesita este país para extirpar de raíz el cáncer institucional? ¿Salarios más altos? ¿La mentada 3 de 3? ¿Auditorías digitales permanentes? ¿Vigilancia ciudadana? ¿Un Ministerio Público realmente autónomo?
La respuesta no es una: es un paquete de reformas profundas, incomodísimas, de esas que tocan intereses enquistados en el poder judicial, en las fiscalías, en las policías y en los gobiernos. La famosa reforma judicial que hoy tanto se discute, avanza más lento de lo que avanzan las redes criminales dentro de las instituciones. Porque las mafias internas aún están ahí, resistiendo, filtrando, manipulando.
Y mientras tanto, los ciudadanos vamos cargando con rabia, con decepción y con la amarga certeza de que quienes robaron ayer siguen cobrando hoy. Y que a este paso, se van a seguir robando hasta el futuro.
No hay receta. Pero sí hay un grito urgente: ¡basta!
