¿De qué le sirve a Puebla presidir la ANOMAC?
Rita Sánchez
La presidencia nacional que asumió Julio Leopoldo de Lara puede quedarse en fotografía y membrete… o convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de las leyes que salen del Congreso poblano.
Los diputados presentan iniciativas, discuten, negocian y votan. Pero alguien tiene que impedir que toda esa política termine convertida en una ley mal redactada, contradictoria, imposible de aplicar o jurídicamente vulnerable.
Ahí aparecen esos personajes casi invisibles llamados oficiales mayores, secretarios generales o secretarios de Servicios Parlamentarios.
Y por eso importa que Julio Leopoldo de Lara Valera, secretario General del Congreso de Puebla, haya asumido la presidencia de la ANOMAC, organización que reúne precisamente a quienes operan las estructuras técnicas de los congresos locales.
No son secretarios de los diputados
La propia Ley Orgánica poblana permite dimensionar el cargo: la Secretaría General dirige los servicios técnicos y administrativos del Congreso, administra recursos humanos, materiales y financieros y presta asistencia a los órganos legislativos. De ella dependen Servicios Legislativos, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Proyectos Legislativos, además de Comunicación y Vinculación.
Dicho en castellano:
son quienes convierten la voluntad política en procedimiento parlamentario.
Revisan turnos, plazos, dictámenes, precedentes, publicaciones, sesiones, documentos y buena parte del soporte jurídico que permite que una reforma termine siendo realmente una ley.
El diputado puede tener una buena idea. La estructura técnica tiene que lograr que esa idea sobreviva jurídicamente.
La figura nació administrativa; tuvo que profesionalizarse
México ya aprendió esa lección.
Durante décadas, la Cámara de Diputados federal funcionó con las tradicionales figuras del Oficial Mayor y el Tesorero. Pero la reforma orgánica de 1999 sustituyó ese modelo por una Secretaría General y dos estructuras especializadas: Servicios Parlamentarios y Servicios Administrativos y Financieros.
¿La razón?
La propia documentación histórica de la Cámara reconoce que las funciones antiguas estaban insuficientemente delimitadas y habían favorecido una administración tradicional y discrecional. La reforma buscó profesionalización, especialización y servicio civil de carrera.
No fue solamente cambiarle el nombre al Oficial Mayor.
Fue comprender algo elemental en una democracia plural: los diputados cambian cada tres años; la memoria institucional del Congreso no debería empezar de cero cada tres años.
Y otros parlamentos llevan décadas haciéndolo
Este tipo de asociaciones tampoco es una extravagancia mexicana. La National Conference of State Legislatures registra organizaciones semejantes de funcionarios parlamentarios: la estadounidense ASLCS fue fundada en 1943 y la asociación canadiense de oficiales mayores nació en 1969; en esa misma red internacional aparece la ANOMAC mexicana junto con organismos de Australia y Nueva Zelanda.
¿Para qué se reúnen?
Para intercambiar aquello que los políticos rara vez comparten: procedimientos, precedentes, modelos administrativos, tecnología legislativa y soluciones a problemas comunes.
En México, por ejemplo, la ANOMAC ya discutía Parlamento Abierto en su reunión de 2018 en Guanajuato y Toluca.
Ahora, en Puebla, la agenda avanzó hacia inteligencia artificial, calidad legislativa, certeza jurídica, transparencia y modernización parlamentaria.
Y ahí está precisamente la oportunidad.
¿Qué gana Puebla?
No mucho, si todo termina en reconocimientos, fotografías y una nueva tarjeta de presentación.
Pero puede ganar bastante si De Lara utiliza la presidencia nacional para importar al Congreso poblano las mejores prácticas de los otros 31 poderes legislativos.
Por ejemplo: mejores sistemas para revisar iniciativas antes de votarlas; criterios comunes de técnica legislativa; expedientes completamente digitalizados; inteligencia artificial utilizada para comparar legislación y detectar contradicciones; mejores archivos de precedentes; evaluación de leyes después de aprobadas y capacitación permanente del personal.
Incluso podría impulsar algo todavía más importante: que la calidad técnica de una iniciativa pese más que el partido que la presenta.
Porque un buen cuerpo parlamentario no está para decirle sí al diputado.
Está para decirle:
“Su propuesta políticamente puede ser atractiva, diputado, pero jurídicamente está mal hecha.”
Eso también fortalece al Congreso.
La prueba será Puebla
Existe, sin embargo, una contradicción interesante.
La ley poblana establece que el secretario General depende de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aunque debe coordinarse con la Mesa Directiva y el resto de los órganos legislativos.
Es decir, la estructura técnica vive inevitablemente cerca de la estructura política.
El verdadero desafío de la profesionalización consiste precisamente en impedir que lo técnico termine subordinado a lo partidista.
Por eso la presidencia nacional de la ANOMAC puede resultar importante para Puebla.
No porque coloque a un poblano al frente de una asociación.
Sino porque ahora el Congreso de Puebla tendrá menos pretextos para no aplicar en casa aquello que está promoviendo a nivel nacional.
Si dentro de un año tenemos iniciativas mejor sustentadas, menos correcciones posteriores, procesos más transparentes, uso responsable de inteligencia artificial y servidores parlamentarios más profesionales, la ANOMAC habrá servido.
Si no cambia nada, solamente habremos organizado una buena asamblea.
Porque presidir a quienes profesionalizan los congresos obliga, antes que nada, a profesionalizar el propio.
¿No sabía Ariadna quién cuidaba Atlixco?
