Expediente dormido despierta: orden de aprehensión contra Lorenzo Rivera pone en jaque al PRI poblano
Puebla, Pue.– Este martes trascendió la posible reactivación de una orden de aprehensión contra Lorenzo Rivera Nava, exalcalde de Chignahuapan y exdiputado local del PRI, derivada de presuntas omisiones graves en materia de seguridad pública durante su gestión municipal.
De acuerdo con La Jornada de Oriente, la causa penal se relaciona con la contratación de un policía municipal que contaba con antecedentes penales por un homicidio ocurrido en 2018. El elemento, identificado como Juan Carlos Pérez, tenía en su contra una orden de aprehensión con número de expediente 76/2022, por el presunto asesinato del albañil Ángel González, y aun así fue incorporado a la corporación policiaca de Chignahuapan.
El caso cobró notoriedad pública tras los hechos ocurridos la mañana del 4 de noviembre de 2022, cuando policías municipales y estatales acudieron a un reporte de robo de vehículo en la comunidad de El Paredón. En el lugar, los uniformados fueron emboscados por un grupo presuntamente dedicado al robo de combustible. El enfrentamiento dejó como saldo dos agentes muertos: Claudia Herrera y el propio Juan Carlos Pérez.
La indignación inicial por la muerte de los policías dio paso al escándalo días después, cuando se confirmó que Pérez no solo tenía antecedentes penales, sino que había sido contratado pese a contar con una orden de aprehensión vigente, lo que evidenció fallas graves en los controles de confianza y procesos de revisión de antecedentes.
Desde el marco legal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normatividad estatal obligan a los ayuntamientos a verificar antecedentes penales, aplicar controles de confianza y garantizar que los cuerpos policiales no sean infiltrados por personas vinculadas a actividades delictivas. La omisión de estos deberes puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios responsables.
La Jornada de Oriente también documentó que quien habría contratado y promovido al policía acusado de homicidio fue Manuel Flores Ordóñez, entonces secretario de Seguridad Pública de Chignahuapan y cuñado del presidente municipal, lo que apuntaría a una posible relación de nepotismo, figura prohibida por la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Según la información publicada, a inicios de diciembre de 2022 la orden de aprehensión contra Rivera Nava estaba prácticamente lista y contaba con el aval político necesario para ejecutarse. Sin embargo, la muerte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta provocó un freno abrupto al proceso, seguido de una negociación política entre el PRI y la 4T que habría congelado la causa penal de manera indefinida.
En el plano político, la reactivación de este proceso legal podría tener efectos inmediatos en la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla. Aunque se perfila una planilla de unidad, la situación jurídica de Rivera Nava podría inhabilitarlo como aspirante, lo que abriría ventaja a las dos mujeres mencionadas como contendientes: Xitlalic Ceja García y Delfina Pozos Vergara.
Por ahora, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio público la relación entre seguridad, responsabilidades legales y negociaciones políticas, en un contexto donde las omisiones del pasado podrían cobrar factura en el presente.
