Gobierno de México va por reformas para evitar liberación de cuentas ligadas al crimen
Ciudad de México.– Ante la liberación de cuentas bancarias vinculadas a delitos como lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada sin que exista un juicio de fondo, el Gobierno de México alista modificaciones a la Ley de Amparo y otras leyes de procedimiento, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria criticó que jueces y ministros otorguen suspensiones provisionales que permiten a presuntos delincuentes recuperar sus recursos financieros, a pesar de estar bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“No puede ser esta colusión y esta corrupción porque no tienen otro nombre. Cuando se libera el dinero antes de un juicio de fondo, pese a que hay evidencia de lavado o corrupción, eso es corrupción judicial”, sentenció Sheinbaum.
La presidenta subrayó que estas reformas buscan cerrar la puerta a resoluciones exprés que favorecen el uso indebido del sistema financiero y proteger a la economía del ingreso de recursos de procedencia ilícita. “Debe haber un juicio de fondo que demuestre que se trató de un error de la UIF, no una simple suspensión que desbloquee los recursos”, afirmó.
Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que desde diciembre de 2018 a marzo de 2025, han sido incorporadas 7 mil 815 personas (físicas y morales) a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), de las cuales actualmente permanecen 6 mil 545.
En este periodo, se han bloqueado más de 32 mil 500 millones de pesos, 568 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, casi 24 mil millones de pesos han sido liberados por decisión judicial, a pesar de las evidencias presentadas.
Como ejemplo, Gómez mencionó el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes fueron eliminados de la LPB por orden judicial, aun cuando pesan sobre ellos órdenes de aprehensión. Con ello, podrán volver a operar libremente en el sistema financiero nacional.
La UIF reitera que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para evitar que recursos ilícitos sigan fluyendo dentro de la economía. Las reformas en puerta buscarán blindar este mecanismo ante vacíos legales que hoy permiten su debilitamiento desde los tribunales.
