Matan al alcalde de Uruapan; Documentos filtrados y reportes de inteligencia internacional colocan a Ramírez Bedolla bajo la lupa

En esa región, el cobro de piso a los productores de limón se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, que además emplea drones y artefactos explosivos improvisados para amedrentar a comunidades y autoridades.

La reciente ejecución de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y promotor de una ley antiextorsión, evidenció la profundización del control criminal en la economía agrícola.

Un Estado bajo sospecha

Tras el crimen de Bravo, el gobernador Ramírez Bedolla se reunió con Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo de la Sedena, anunciando un reforzamiento de la seguridad en el sector citricultor. Sin embargo, el despliegue de efectivos fue visto como un reconocimiento tácito del fracaso de las estrategias previas, incluyendo la militarización del tianguis limonero en Apatzingán.

Expertos en seguridad advierten que las redes criminales mantienen cabildeo político (“lobby”) con varios alcaldes y que la cercanía familiar entre el mandatario estatal y presuntos operadores de Los Viagras ha minado la credibilidad de las instituciones locales.

Contexto general:
Durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, siete alcaldes y dos empresarios han sido asesinados en Michoacán. La violencia, la extorsión y los vínculos político-criminales consolidan el retrato de un estado donde la gobernabilidad se negocia con el crimen y la impunidad opera como norma.

⚠️ Los informes del International Research Center Against Mexican Cartels and Criminals, en coordinación con la DEA, el FBI y la CBP, marcan un precedente inédito: por primera vez, un gobernador en funciones aparece vinculado —por nombre y entorno familiar— a las estructuras financieras de un cártel activo en México.