Puebla avala reforma para reducir jornada laboral a 40 horas; aplicación será gradual hasta 2030
Por Redacción AG Medios
El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, una de las modificaciones más relevantes en materia de derechos laborales en décadas.

La minuta establece que por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos un día de descanso con goce íntegro de salario. Además, el pago por horas extraordinarias será del 100% adicional sobre el salario ordinario, con un tope de 12 horas semanales distribuidas en un máximo de cuatro días. Si se rebasa ese límite, el empleador deberá pagar 200% adicional por cada hora excedente.
Implementación gradual
La reforma no será inmediata. En 2026 se mantendrá la jornada de 48 horas; a partir de 2027 comenzará la reducción progresiva:

- 2027: 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas
El esquema busca evitar impactos abruptos en la economía y dar margen de adaptación a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas.
Posturas en tribuna
Durante la discusión, la diputada Araceli Celestino Rosas calificó la reforma como una demanda histórica de la clase trabajadora.

El diputado José Luis Figueroa sostuvo que la reducción no es concesión, sino justicia social y medida preventiva de salud.
En contraste, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales señaló que los beneficios no se materializarán de inmediato y consideró necesario garantizar dos días de descanso.

La diputada Delfina Pozos Vergara advirtió que la gradualidad podría retrasar los efectos reales para las y los trabajadores.
Por su parte, María Soledad Amieva Zamora destacó que la reforma equilibra derechos laborales con estabilidad económica y acompañamiento a MIPYMES.
El diputado Roberto Zataráin Leal afirmó que la medida debe entenderse también como política de salud pública ante el desgaste físico y mental provocado por jornadas extensas.
Con este aval, Puebla se suma al proceso nacional de reforma constitucional que busca modificar el modelo laboral vigente desde 1917, en una discusión que combina justicia social, productividad y viabilidad económica.







