Puebla mete lupa al dinero público: Congreso alista nuevas reglas de fiscalización
- El Congreso de Puebla recibió una propuesta de armonización legislativa para fortalecer la fiscalización, la transparencia y el combate a la corrupción.
El Congreso del Estado de Puebla comenzó el análisis de un paquete de reformas enfocado en fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, en medio de un contexto donde el manejo de recursos públicos se ha colocado nuevamente en el centro del debate político estatal.
La propuesta fue presentada durante sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, presidida por el diputado José Miguel Trujillo de Ita. El compendio incluye reformas a la Constitución local y leyes secundarias para armonizar la legislación poblana con cambios aprobados a nivel federal en materia de auditoría y combate a la corrupción.
La exposición estuvo a cargo del diputado federal Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, quien explicó que el objetivo es modernizar los procesos de revisión del gasto público y fortalecer herramientas de vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos.
Durante la sesión, legisladores locales coincidieron en la necesidad de actualizar los marcos legales para garantizar que el dinero público llegue efectivamente a servicios y programas prioritarios. La diputada Norma Estela Pimentel Méndez planteó que la coordinación entre Congreso, órganos fiscalizadores y ciudadanía será clave para fortalecer la rendición de cuentas.
Por su parte, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Germán Reyna y Herrero, aseguró que el compendio representa un posible “parteaguas” hacia un modelo más abierto y ciudadano, donde la información sobre fiscalización pueda ser más accesible y se fortalezca la denuncia pública.
El tema adquiere relevancia en un momento donde observaciones a cuentas públicas, presuntos daños patrimoniales y revisiones a organismos estatales han generado tensión política y mediática en Puebla, obligando a los órganos de control y al Congreso a acelerar discusiones sobre transparencia y vigilancia institucional.
