Puebla pone freno a abusos de grúas; instalarán cinco depósitos vehiculares públicos
• La medida busca regular tarifas y acabar con prácticas arbitrarias del servicio privado de arrastre
• Los nuevos corralones estarán en Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, San Martín Texmelucan y Puebla capital
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– Tras años de quejas ciudadanas por cobros excesivos, irregularidades y opacidad en el servicio de arrastre vehicular, el Gobierno de Puebla anunció la creación de cinco depósitos vehiculares públicos con el fin de limitar los abusos de empresas de grúas y establecer tarifas bajo un esquema regulado y accesible.
La decisión responde a un problema histórico: en Puebla —como en muchos estados— el servicio de arrastre se ha caracterizado por prácticas que van desde cobros desproporcionados hasta decomisos que derivan en largas disputas para recuperar un automóvil. Organizaciones civiles y automovilistas han documentado casos en los que el costo de liberar un vehículo supera incluso el valor de la unidad.
Frente a este panorama, el gobernador Alejandro Armenta anunció que el estado asumirá la operación de estos espacios bajo un modelo público, con el compromiso de ofrecer un servicio transparente y con tarifas de bajo costo, un reclamo frecuente de los usuarios.
Los depósitos se ubicarán en Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, uno más en San Martín Texmelucan, otro en Puebla capital, además de dos instalaciones adicionales que estarán en la Mixteca Poblana y la Sierra Norte, ampliando así la cobertura ante incidentes viales o situaciones de seguridad.
El mandatario instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a acelerar la puesta en marcha de estos corralones públicos para frenar “intereses privados que lucran con la necesidad de la gente”.
Armenta afirmó que su administración busca que el arrastre y resguardo de vehículos no se convierta en un golpe económico para las familias:
“Estamos para resolver, no para ser parte de la corrupción”, expresó.
Con esta medida, el gobierno estatal apuesta por un modelo que coloque límites claros a un sector que por años operó con márgenes amplios de discrecionalidad, y coloca bajo la lupa pública un servicio indispensable pero frecuentemente cuestionado por su falta de regulación.
