Reforma urbana busca impulsar vivienda social, no retirar facultades a municipios: García Parra
🏘️ El Gobierno de Puebla sostiene que la iniciativa armoniza la legislación estatal con la política nacional de vivienda. Especialistas señalan que el debate deberá centrarse en el alcance de las facultades estatales y municipales, así como en la actualización de los programas urbanos.
Alonso Nava | Itzeli Zamora
Puebla, Pue.- El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado no pretende retirar a los ayuntamientos la facultad de otorgar licencias de construcción ni facilitar proyectos específicos de infraestructura, sino generar las condiciones legales para impulsar el Programa Nacional de Vivienda promovido por el Gobierno de México. (Periodismo de Proximidad)
En conferencia de prensa, el funcionario rechazó las versiones difundidas en redes sociales que vinculan la propuesta con la construcción del Sistema de Transporte por Cable (Cablebús) y afirmó que la reforma tiene como finalidad que los municipios actualicen sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) para alinearlos con la planeación estatal y federal.
«Es para detonar el Programa Nacional de Vivienda. Quienes han señalado que esta reforma tiene que ver con otros temas dicen ser expertos en medio ambiente, pero no leen ni investigan», declaró.
¿Qué dice la legislación vigente?
El debate jurídico gira en torno a un principio constitucional: el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios la facultad de formular, aprobar y administrar la zonificación, así como los planes de desarrollo urbano y el control del uso de suelo en su territorio. A nivel federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, vigente desde 2016, establece un esquema de competencias concurrentes entre Federación, estados y municipios para coordinar la planeación territorial, sin eliminar las atribuciones constitucionales de los ayuntamientos. (Wikipedia)
En ese sentido, García Parra recordó que el Gobierno del Estado ya cuenta desde 2017 con determinadas facultades previstas en la legislación local para intervenir en procedimientos relacionados con el desarrollo urbano, por lo que sostuvo que la iniciativa no crea nuevas atribuciones ni modifica las competencias municipales, sino que actualiza el marco normativo para hacerlo compatible con los programas federales. (Región Global)
El punto que genera el debate
Aunque el Gobierno estatal insiste en que la reforma no invade la autonomía municipal, especialistas en desarrollo urbano consideran que el análisis legislativo deberá centrarse en los artículos que regulan la coordinación entre el Estado y los municipios, particularmente las modificaciones propuestas a los artículos 14, 16, 44 y 54 de la ley local. (Región Global)
Otro aspecto que previsiblemente será materia de discusión en el Congreso es el procedimiento para actualizar los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, ya que muchos municipios poblanos operan con instrumentos de planeación desactualizados o incluso inexistentes, situación que dificulta el desarrollo de proyectos habitacionales, industriales y de infraestructura. El propio Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano reconoce la necesidad de armonizar estos instrumentos de planeación en todo el estado. (Planeación Puebla)
La relación con el Programa Nacional de Vivienda
De acuerdo con García Parra, la actualización de los programas municipales es un requisito para facilitar proyectos vinculados al Programa Nacional de Vivienda, cuyo objetivo es ampliar la oferta de vivienda social y garantizar la disponibilidad de reservas territoriales aptas para el desarrollo urbano.
El funcionario reiteró que la reforma no modifica los usos de suelo de manera automática, tampoco autoriza obras específicas ni elimina los procedimientos ambientales, urbanísticos o de consulta pública que exige la legislación vigente para proyectos de gran impacto.
Lo que deberá analizar el Congreso
Más allá de la discusión política, el análisis legislativo probablemente se concentrará en cuatro aspectos:
- Que la armonización con la legislación federal respete la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional.
- Que la actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano cuente con mecanismos de participación ciudadana y transparencia.
- Que las nuevas disposiciones otorguen certeza jurídica tanto a proyectos de vivienda social como a inversiones privadas.
- Que las facultades concurrentes entre Estado y municipios no generen conflictos de competencia en la autorización de desarrollos urbanos.
La iniciativa permanece en estudio en el Congreso del Estado, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de una eventual discusión y votación en el Pleno.
